Rama Judicial

COMUNICADO DE PRENSA

DE NÉSTOR RAÚL CORREA HENAO

Presidente (Encargado) de la Sala Administrativa

Bogotá, D.C., 15 de febrero de 2016

EL PARO JUDICIAL DEBE TERMINAR

En mi calidad de presidente (encargado) de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura hago un llamado a los empleados de los juzgados civiles y de familia de Bogotá para que no continúen el paro judicial, se reincorporen inmediatamente a sus labores y permitan el acceso de los usuarios al servicio de justicia.

La rama judicial debe ser la primera en dar ejemplo a la ciudadanía de que las sentencias de los jueces de la República se respetan y se cumplen. Pues bien, el jueves pasado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una acción de tutela contra el paro judicial en Bogotá, concedió el amparo del derecho de acceso a la justicia de los usuarios y dio un término de 48 horas hábiles, que se vencen hoy, para que se adopten "las medidas adecuadas posibles para superar de manera efectiva las causas que originaron el mentado cese de actividades en algunas de las sedes judiciales de la ciudad de Bogotá, para de esa manera garantizar la prestación efectiva y continua del servicio de administración de justicia".

Es oportuno recordar que yo intervine en esa acción de tutela para apoyar las tesis del demandante y solicitar que se concediera el amparo de los derechos de los usuarios a acceder a una justicia permanente y continua. Allí expresamente anoté que la justicia es un servicio público "de carácter esencial por su importancia para el pacto social de los colombianos, la convivencia y la seguridad, de manera que no puede ser suspendido. Las reclamaciones gremiales son legítimas, pero no por las vías de hecho ni sacrificando el derecho de acceso a la justicia que tiene toda persona".

Destáquese que la finalidad última del fallo de tutela es garantizar la prestación "continua" del servicio de justicia, no discontinua ni interrumpida. Y "las causas que originaron el mentado cese de actividades" no son otras que las vías de hecho que han utilizado unos empleados para protestar contra un Acuerdo de la Sala sobre centros de servicios y que se encuentra suspendido.

Al día siguiente del fallo de tutela yo dirigí un Memorando a la Sala Administrativa Seccional de Bogotá y a la Dirección Ejecutiva para que lo acaten en forma oportuna y dispongan lo pertinente para ello.

Al mismo tiempo agendé el tema para la próxima sesión de la Sala Administrativa, con la finalidad de analizar las medidas orientadas a asegurar el cumplimiento del fallo de tutela.

También es pertinente reiterar que la posición de la Sala Administrativa es darle estricto cumplimiento a la Circular de la Contraloría General de la República, en la que se le ordena a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no pagar salarios a quien no trabaje, lo cual es apenas natural, pues el salario es la contraprestación por un servicio efectivamente prestado. En la sesión de la semana pasada se le recordó a la Dirección Ejecutiva la obligación de darle efectivo cumplimiento a este mandato.

Como el paro judicial es de los empleados de los juzgados, que no de los jueces, estos últimos deben además llamar al orden a sus subalternos, en su calidad de superiores jerárquicos.

Igualmente hay que tener presente que ya está instalada una mesa de concertación con tres distintos sindicatos del sector justicia, que avanza de manera satisfactoria, de manera que ese es el espacio civilizado para dirimir las reclamaciones; mientras esa mesa avanza, no se puede suspender el servicio, como medida de agresión para presionar resultados.

Coger la justicia por su cuenta, que en el fondo es lo mismo que han hecho la guerrilla y los paramilitares en este país, es atribuirse el privilegio de tomar la ley en sus manos: ¿dónde quedó el Estado de derecho?

Por último, la sensación que queda es que las asociaciones sindicales de la justicia han venido banalizado los paros, y ahora ya cesan sus actividades por motivos curiosos: para que se interprete una norma jurídica (el Acuerdo de la Sala) de una cierta manera específica, para derrotar a otros sindicatos, para ganar votos en las próximas elecciones de representantes ante el Consejo de Gobierno Judicial, en fin, se ha capturado el servicio público por intereses personales. Eso es absolutamente inaceptable, menos aun cuando necesitamos relegitimarnos ante la sociedad y ante los contribuyentes, que son los que pagan los impuestos con los que nos cancelan los salarios.