REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO	
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN 

Medellín, doce (12) de junio de dos mil quince (2015)

Mecanismo/acción	Conciliación extrajudicial	
Convocante:	Distribuciones Medife S.A.S.	
Convocada	E.S.E. Hospital La Cruz en Liquidación de Puerto Berrio – Antioquia.	
Radicado	05001 33 33 004 2015 00201-00 	
Asunto	La disponibilidad presupuestal no es requisito de perfeccionamiento del contrato sino de ejecución pero no afecta el negocio jurídico que nace /la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no conoce de facturas de venta y/o cambiarias por ser títulos ejecutivos/competencia jurisdicción ordinaria.	
Sentido de la decisión	Pese a que el recurso se incoa como de apelación se tramita como de reposición haciendo aplicación al artículo 318 parágrafo único del CGP/No repone auto que imprueba conciliación.	
Interlocutorio Nº	27	

ASUNTO

Procede el Juzgado a resolver el recurso de apelación incoado por la empresa Distribuciones Medife S.A.S., contra el auto por medio del cual se negó el acuerdo conciliatorio celebrado con la E.S.E. Hospital La Cruz en Liquidación de Puerto Berrio – Antioquia (ver folios 624 a 638).

PROCEDENCIA DEL RECURSO

En torno al auto que imprueba la conciliación el CPACA no prescribe una norma expresa, lo cual sí ocurre con el auto que la aprueba, actuación que solo es apelable por el agente del Ministerio Público, en los términos del artículo 243 ordinal 4 ibídem.

Así entonces, el auto que imprueba la conciliación está sometido a la regla general de impugnación contenida en el artículo 242 ibídem, esto es el recurso de reposición.

Ahora, si bien la firma impugnante propone el recurso de apelación y este no es procedente conforme la exposición que antecede, considera el Juzgado que procede aplicar la regla contenida en el parágrafo único del artículo 318 del Código General del Proceso-CGP, consistente en dar el trámite procedente, por la vía de remisión conforme las estipulaciones de los artículos 306 del CPACA en armonía con el artículo 1 del CGP.

La regla anunciada es del siguiente tenor:
“PARÁGRAFO. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente.” Art. 318 CGP.
En esa dirección la vía procesal procedente será la del recurso de reposición, consagrado en el artículo 242 del CPACA.
ANTECEDENTES

Por auto del 25 de marzo de 2015 el Juzgado que ahora conoce de esta decisión, improbó el acuerdo conciliatorio celebrado entre la firma Distribuciones Medife S.A.S. y la E.S.E. Hospital La Cruz en Liquidación de Puerto Berrio – Antioquia.

A modo de síntesis se tiene que las razones de orden fácticas y jurídicas que llevaron a presentar la conciliación, se contraen a que la E.S.E. de la referencia en su proceso de liquidación, reconoció la existencia de acreencias en favor de la firma Medife S.A.S., representada en facturas, derivadas del suministros de materiales médico quirúrgicos, empero consideró que no era procedente el pago, porque las obligaciones se contrajeron sin previa Disponibilidad Presupuestal. 

Para lo cual consideró procedente llevar a cabo conciliación extrajudicial, misma que fue negada por este Juzgado, conforme a las razones que en su oportunidad se formularon y que seguidamente se traen para mayor comprensión de este proveído.

A su turno, el Juzgado improbó el acuerdo conciliatorio con fundamento en los siguientes criterios:

(i) La conciliación frente a hechos cumplidos, en concreto por falta de perfeccionamiento del contrato estatal, está actualmente supeditada a las causales excepcionales de procedencia del enriquecimiento sin causa, por vía del medio de control de reparación directa, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado. Como se sabe dicha causales son taxativas, toda vez que la regla general es que los contratos celebrados y ejecutados sin haber sido perfeccionados son ilegales, por lo mismo no general obligaciones para el Estado.

En eventos como los que se analizan debe demostrarse en la conciliación que el negocio jurídico hace parte de una de las excepciones establecidas por el Consejo de Estado.

(ii) La existencia de un título ejecutivo excluye la posibilidad de que se lleva a cabo, y por supuesto, se apruebe la conciliación, en los términos del artículo 2 parágrafo 1 del Decreto 1716 de 2009. Ello también desde la perspectiva lógico-jurídica en la medida en que en últimas el acta de conciliación aprobada constituye un título ejecutivo, que es una de las finalidades del mecanismo conciliatorio.

(iii) En criterio del Juzgado dado a que en el estado actual de la jurisprudencia la Disponibilidad Presupuestal no es un requisito de perfeccionamiento ni de existencia del contrato estatal, más si de ejecución, pero que no afecta el negocio jurídico naciente, una vez configurado el título ejecutivo representado en la factura de venta o cambiaria de compraventa, lo procedente es seguir la ejecución del mismo ante la instancia correspondiente que no es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa sino la ordinaria, en este caso la civil.

Visto lo anterior, concluyó el Juzgado que no era procedente impartir la conciliación, toda vez que, no se demostró la procedencia del eventual enriquecimiento sin causa en el negocio jurídico celebrado entre las partes; los documentos aportados a la E.S.E en liquidación son facturas cambiarias de compraventa por lo mismo títulos valores; respecto de los cuales, por un lado no procede la conciliación porque ya se configuró una obligación clara, expresa y exigible, y  por el otro no son de competencia del Juzgado para la ejecución y para dirimir asuntos que se susciten en ésta etapa.

El recurso. Las razones in extenso del disenso por parte de la impugnante, con la actuación ya señalada, se contrae en resumidas cuentas en los siguientes puntos: (i) recuerda el fundamento jurídico del proceso de liquidación de la E.S.E. La Cruz de Puerto Berrio y las funciones del liquidador; (ii) el vínculo negocial surgido entre ésta y la impugnante; (iii) el régimen de contratación de las E.S.E.; (iv) la naturaleza de los títulos complejos derivados del contrato estatal, entre otros argumentos.

No obstante, las tesis que preceden de parte del Juzgado ahora se reiteran y para fortalecerlas se trae argumentos de autoridad, contenidos en decisiones de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinarias, por ser las máximas instancias para dirimir los asuntos objeto del presente caso.

En lo que corresponde a la primera tesis – enriquecimiento sin causa - se recordará que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido oscilante en el punto, quizás desde hace cerca de una década, hasta que por medio de la sentencia de unificación radicado número: 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897), del diecinueve (19) de noviembre de dos mil doce (2012), con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, se definió el asunto. Sin que el Juzgado tenga conocimiento que haya cambiado de doctrina.

Frente a la segunda, tesis – prohibición de conciliación frente a títulos ejecutivos -basta traer a colación el siguiente enunciado normativo proveniente del Ejecutivo Legislador:
“Artículo  2°. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan.
Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:
(…)
– Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.” (Decreto 1716 de 2009).

El anterior argumento se sostiene toda vez que el mismo deudor, la E.S.E., manifestó en forma expresa que las facturas reúnen las calidades para ser títulos valores, de conformidad con la Ley 1231 de 2008.

Finalmente en torno al tercer criterio –competencia para conocer títulos valores- ha sido, por demás, reiterada la tesis del Consejo Superior de la Judicatura en cuanto a que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en vigencia del CPACA, no conoce de los títulos valores, tal como lo son las facturas a partir de la Ley 1231 de 2008.

Al respecto en una de tan reiteradas decisiones tiene dicho:

“De igual forma, y en el mismo sentido, que los únicos títulos ejecutivos de competencia de esa jurisdicción son los señalados en el artículo 297 de la misma norma, no estando enlistados, los títulos valores, como en este caso, donde se pide la ejecución de las Facturas de Venta, de los cuales se observa una obligación expresa, clara y exigible, tratándose de títulos autónomos. 

Y, con fundamento en lo precedente, y adentrándonos, aún más en su desenlace, para efectos del presente conflicto de competencia por jurisdicción, resulta de vital importancia establecer la fuente de la obligación que se pretende recaudar, ya que si se determina que se trata de una carga crediticia proveniente de alguno de los cuatro casos citados ut supra, la competente para conocer del  proceso, indubitablemente, lo será la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 104, y, de otra parte, en el canon 75 de la Ley 80 de 1993.

En el presente caso la base del recaudo ejecutivo no es una condena impuesta por la jurisdicción administrativa, ni deviene de un contrato estatal, sino del cobro ejecutivo de títulos valores (facturas de venta),  las cuales se asemejan para sus efectos legales a  letras de cambio.

De anotar y aclarar por la Sala, que ahora, y conforme a la redacción del artículo 772 del Código de Comercio, que fue modificado por el artículo 1º de la Ley 1231 de 2008, se entiende por factura: 

“…un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.”

De contera, y, esta afirmación constituye el núcleo central de la decisión a adoptar, en el caso particular que concita hoy la atención de la Sala, no se advierte que para la ejecución de las facturas, a través del proceso ejecutivo por obligación de pagar, se tenga la necesidad de hacer mención o incluir como parte del título ejecutivo, el “contrato estatal” o a cualquiera otra fuente constitutiva de su origen remoto, pues revestidas de la condición de factura de venta y por consiguiente de título valor, conforme al Art. 619 del C. de Co., se legitima, per se, el derecho literal y autónomo en ellos incorporado.”

Y en lo que corresponde a la exigencia del requisito de Disponibilidad Presupuestal, en concreto el registro presupuestal, nos basta citar, por su profundidad la Sentencia radicado 05001-23-31-000-1998-01350-01 (28565) proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, del 12 de agosto de 2014, M.P. Dr. Enrique Gil Botero. Este asunto como se sabe también ha sido objeto de oscilaciones por parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado, pero que en el último lustro se encuentra decantada.

Al respecto el Tribunal de Cauca, sostuvo:

“No obstante, observa la Sala que atendiendo la última postura del H. Consejo de Estado, el registro presupuestal no hace parte del título ejecutivo, por cuanto no es requisito para el perfeccionamiento del contrato y mucho menos para el surgimiento de las obligaciones entre las partes.”.

Finalmente es comprensible la tesis de la entidad impugnante en cuanto que el juez de la liquidación es el liquidador de la entidad en liquidación de allí la concentración de los créditos en su poder, empero esa situación por el contrario le imponía el deber de solucionar el litigio antes que formularlo en otra instancia.

Por su parte en cuanto a la existencia del título complejo no comparte el Juzgado esta tesis, toda vez que los hechos muestran que existen unas facturas y son éstas las que por sí mismo contienen la obligación que excluye al Juzgado de la competencia como se tiene ya dicho, y de otro lado las pruebas del título complejo no aparecen acreditadas en el dossier (contrato, garantías, etc. etc.)

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN,

RESUELVE:

ÚNICO: No se REPONE el auto del 25 de marzo de 2015, proferido por éste Juzgado, apelado por la firma Medife S.A.S. por las razones expuestas en este proveído. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

EVANNY MARTÍNEZ CORREA
Juez

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO MEDELLÍN

Siendo las ocho de la mañana (8:00A.M) del día de hoy 16 de junio de 2015 se notifica a las partes la providencia que antecede por anotación en Estados.

JUAN DAVID ISAZA MARIN
Secretario