30/06/2010
Bogotá, D.C., junio 30 de 2010.- El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Doctor Hernando Torres Corredor, anunció que fueron designados 30 jueces del orden nacional para atender los casos por los delitos cometidos por organizaciones criminales en las zonas del país que han sido catalogadas como críticas.
El magistrado Torres Corredor, señaló que se identificaron 15 zonas álgidas de orden público y en cada una de ellas estarán ejerciendo competencia dos jueces itinerantes, quienes tendrán una sede principal en cada región pero se desplazarán a realizar su labor de control de garantías en las poblaciones que se cometan delitos por parte de organizaciones delincuenciales.
Estos jueces ejercerán su función de control de garantías en casos de delitos relacionados con la asociación de organizaciones criminales como concierto para delinquir, porte ilegal de armas, extorsiones, secuestros, homicidios, entre otros.
El Consejo de Política Criminal, que se reúne desde ayer en la Casa de Nariño y sesionará hasta el próximo viernes, determinó que se creará una Gerencia Judicial, que coordinará la labor de todas las entidades encargadas de policía judicial para contrarrestar los efectos del delito organizado.
¿Los jueces podrán atender diligencias que tienen que ver con legalización de las capturas, presidirán las audiencias de imputaciones, presidirán las audiencias de medidas de aseguramiento que solicita la Fiscalía¿, afirmó el Presidente de la sala Administrativa.
Aseguró que los últimos cuatro años los funcionarios judiciales han recibido más de 700 amenazas, en solo el departamento de Antioquia hay 27 jueces amenazados y la mayoría de los Jueces Especializados están en custodia de la Policía Nacional.
¿Los jueces de la República siguen siendo independientes en sus decisiones, lo que la organización del Estado debe hacer es protegerlos para que no sean vulnerables sus fallos, para que no haya amenazas, para que no estén llegando intimidaciones a sus familiares y además la acción de todo el aparato estatal debe ser eficiente para combatir el crimen¿, puntualizó el magistrado Torres.
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