Rama Judicial

Altos dignatarios respalda permanencia de Judicatura

Durante la instalación de la “mesa de la justicia”, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que el Proyecto de Acto Legislativo de reforma judicial será presentado por el Gobierno al Congreso solo cuando se logre un consenso con todas las Cortes y diferentes sectores relacionados con la justicia.

Anuncio que la presentación del Proyecto será aplazada para el periodo legislativo del próximo año, en marzo de 2011, con el fin de adelantar primero un diálogo fluido con el objetivo de que “salga una buena reforma, con justicia pronta, oportuna y eficaz”.

Aseguró que se buscará una mayor seguridad jurídica para el país, una adecuada gerencia de la justicia y que los magistrados se dediquen exclusivamente a su jurisdicción, evitando choques de trenes y descongestionando los despachos judiciales.

“Lo más seguro es que todos no van a estar satisfechos con esta reforma, pero es nuestro deber ajustar la Constitución a los tiempos actuales”, precisó el mandatario de los colombianos.

Dijo que hay que buscar el máximo equilibrio entre las ramas del poder público, al tiempo que reconoció que los jueces en algunas decisiones han tenido que suplir el papel de las otras dos ramas del poder público.

“Si nos convencen los argumentos, estamos más que dispuestos a realizar los ajustes que se necesitan a la reforma. Nuestro objetivo más que correr es que la reforma quede bien hecha, en cambio una normatividad penal que permita combatir la delincuencia en las ciudades no da espera”, afirmó el Presidente de la República.

Por su parte el presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, reiteró que no es conveniente eliminar el Consejo Superior de la Judicatura e insistió en la necesidad de mejorar el presupuesto de la Rama Judicial, al indicar que allí radica la mayoría de los problemas de la justicia.

Hizo un llamado al Gobierno Nacional para que todas las entidades del Estado cumplan con sus funciones, para que los jueces no tengan que entrar a realizar con sus fallos, las labores que les corresponde a los diferentes organismos que deben dar una respuesta a las inquietudes sociales de los ciudadanos.

A su turno el presidente del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez, afirmó que la reforma a la justicia debe responder a las necesidades del ciudadano como acceso a la justicia, procesos con decisiones oportunas y prontas y descongestión judicial y no centrarse en la idea de acabar con el Consejo Superior de la Judicatura.

Aseguró además que el Proyecto de Reforma debe tener en cuenta el respeto por la independencia y autonomía de la Rama Judicial.

“Solicitamos un análisis prudente, técnico y jurídico sobre el sistema normativo que se va a establecer. En un nuevo sistema normativo tiene que haber claridad sobre cuál es el alcance que se le debe dar a los órganos judiciales, porque no podemos establecer reformas parciales que van a desajustar la Constitución” precisó el Presidente del Consejo de Estado.

El presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, dijo que esa Corporación no va a adelantar juicios que pueden convertirse en motivo de recusación y reiteró sobre la necesidad de una mayor disposición presupuestal para la Rama.

“La perspectiva de la justicia debe enfocarse en función del ciudadano. El Estado no es un fin, el fin es la realización de los derechos de los ciudadanos”, aseguró el magistrado González Cuervo.

Igualmente el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Escobar Henriquez, reclamó a quienes han propuesto eliminar al Consejo Superior de la Judicatura porque nadie ha dado argumentos sobre las posibles falencias de la Corporación.

“Nadie nos ha dicho que es lo que estamos haciendo mal. El Consejo no es un órgano perfecto, requiere de ajustes, pero ha demostrado en diferentes oportunidades que con los recursos necesarios cumple con los objetivos”, afirmó el Dr. Escobar Henriquez.

Solicitó que la reforma sea presentada al Congreso hasta el próximo año, cuando se haga un estudio más profundo y elaborado sobre las necesidades en la administración de justicia.

“No debemos apresurarnos, este proyecto no debe ser presentado la próxima semana sino madurarlo más”, afirmó el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura.

El fiscal general de la nación (e), Guillermo Mendoza Diago, solicitó que se le den funciones disciplinarias al Jefe del ente acusador, para ejercer un mejor control sobre los funcionarios que tiene a su cargo.

“No tenemos herramientas jurídicas para sancionar a los fiscales que se apartan de la ley o que no cumplen sus funciones como debe ser”, indicó Mendoza Diago.

Dijo que los problemas que actualmente tiene la sociedad y la necesidad de impartir mejor justicia, no se solucionan con más tipos penales ni buscando una acción de los fiscales solo en los “procesos espectáculos”, pero sin dar respuesta a los ciudadanos.

La Contralora general, Sandra Morelly Rico, le manifestó al Gobierno Nacional que por costos no se debe suprimir el Consejo Superior de la Judicatura.

Aseguró que ya existe toda una estructura formada que está dando resultados y lo que se debe hacer es fortalecer las falencias que actualmente tiene la administración de la Rama.

Sin embargo la Contralora llamó la atención porque la eficiencia de la justicia se ha reducido en los últimos años. “En el año 2002 la eficiencia de la justicia estaba estimada en un 41%, mientras que en datos suministrados para el 2008, esa eficiencia llegó al 34%”.

También el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, defendió la permanencia del Consejo Superior de la Judicatura, aunque precisó que esa Corporación si requiere de algunos ajustes.

Dijo que la mayoría de los casos de congestión en los despachos judiciales se presentan porque las entidades administrativas no cumplen con sus funciones, por lo que hizo un llamado para que todos los funcionarios del Estado respeten y acaten las decisiones de los jueces.