INVITA A REFLEXIONAR SOBRE EL MARCO ESENCIAL DE LA JUSTICIA
A propósito de las críticas del Gobierno y los Medios a decisiones de los Jueces
1. El Gobierno, representado por los Ministros del interior y de la Defensa, protesta porque un Juez de control de garantías declaró ilegal el allanamiento y captura de parte de los ex militares y civiles sospechosos de vender armas a las Farc.
2. La ley vigente impone que el allanamiento se realice en horas del día; si excepcionalmente se requiere en la noche, el Fiscal debe sustentarlo. No lo sustentó, y por ello fue declarado ilegal. Si no lo hiciera así, el Juez violaría la ley.
3. El juez debe aplicar la ley vigente; el Gobierno puede promover su reforma dentro de la Constitución, pero mientras tanto, no debe culpar al Juez por cumplirla.
4. La política y la guerra, dentro de un Estado de Derecho, se deben realizar dentro de las normas establecidas por la Constitución y la ley.
5. La sociedad tiene derecho a que la Fiscalía y el Gobierno investiguen a los sospechosos, para proteger sus derechos individuales y comunes.
6. A todo ciudadano le interesa y le conviene que el ejercicio de la política y del orden público esté controlado por los jueces, porque todo ciudadano puede ser señalado de sospechoso, justa o injustamente, en cualquier momento.
7. Todo ciudadano sospechoso tiene derecho a que si el Gobierno y la Fiscalía investigan contra él, lo hagan respetando sus derechos fundamentales.
8. El uso del poder mediático y político por el Gobierno o la Fiscalía, para criticar, poner en duda, y señalar de ilegales las decisiones de los jueces, es una intromisión indebida contra la autonomía e independencia de la Justicia.
9. El Gobierno ofreció al instalarse que no cuestionaría las decisiones judiciales sino por los canales legalmente establecidos. Eso es lo que le corresponde a un gobierno respetuoso del Estado Social de Derecho.
10. Los jueces sólo esperamos que el gobierno honre su palabra, pero aún cuando ello no sea así, nos mantendremos firmes en nuestro compromiso constitucional, porque somos la última y única esperanza cuando el autoritarismo se quiera imponer, como ya lo ha comprobado Colombia.
11. Los jueces como personas somos ciudadanos demócratas, interesados como todo ciudadano de bien en la derrota de la delincuencia organizada, terrorista o común, y hemos jurado contribuir a ese fin político dentro de las garantías reconocidas en la Constitución.
12. Un juez se puede equivocar, pero ello no lo debe prejuzgar el Gobierno. Tras un debido proceso, se pronunciará la autoridad competente.
13. Es inoportuno que el órgano disciplinario amenace en los medios con investigar al juez por sus decisiones. Se percibe como un amedrantamiento para que en adelante no se atrevan a decidir lo que parezca inconveniente a la política y la guerra, además de inútil pues sabemos que todas nuestras decisiones pueden ser objeto de investigación.
14. La responsabilidad social de los medios de comunicación incluye la orientación adecuada de la opinión pública dentro de estos principios, para no hacer eco ni prejuzgar por su cuenta en esas situaciones.
CONVOCA A
Y A DEFENDERLOS A ULTRANZA COMO GARANTÍA DE
María del Pilar Arango Hernández Luis Fernando Ramírez Contreras
Presidenta Vocal
Juez Civil del Circuito de Bogotá Magistrado de Sala Penal - Bogotá