Rama Judicial

- La investigada recibió 220 millones de pesos, y aunque sabía que la operación era improcedente, jamás los devolvió. 

- La disciplinada, quien no podrá volver a ejercer la profesión, ya había sido suspendida en 2011 por indiligencia en su labor. 

Bogotá, D.C. 9 de agosto de 2024. @CNDJ_Col. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la exclusión de una abogada que se hizo pasar como representante de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para sacar provecho personal mediante el ofrecimiento de bienes que supuestamente estaban en manos de esa entidad y que podían ser adquiridos por particulares. 

Afincada en esa falsa competencia, le propuso a un ciudadano la compra de un predio ubicado en el barrio Normandía de Bogotá. De acuerdo con el expediente, explicó que debía acudir a los Juzgados Civiles de la ciudad porque al tratarse de un inmueble en extinción de dominio, era necesario un trámite que podía tomar cuando menos tres años. 

Posteriormente le ofreció a esa misma persona la compra de un apartamento en un conjunto residencial ubicado en la localidad de Engativá, el cual estaba afectado con la condición de vivienda familiar, además de que habría sido rematado en favor de otras personas. 

Adicionalmente, cuando el comprador quiso ver los inmuebles, se encontró con que en Normandía era imposible hacerlo porque supuestamente no había orden del juzgado, mientras el apartamento estaba habitado por una cuñada de la abogada. 

Como respaldo aparente al dinero que ya le había dado este ciudadano, la investigada le entregó un pagaré por 200 millones de pesos, el cual luego de consultar con otro abogado, resultó no ser exigible. 

Al cabo de estas situaciones, no solamente se supo que la abogada (quien era vecina del afectado) no tenía ningún vínculo con la SAE, sino que además serían al menos cinco las víctimas de su conducta, que según la Jurisdicción Disciplinaria buscaba el lucro a través de promesas de compraventa y cesión de derechos sobre inmuebles de los que no tenía ninguna disponibilidad ni capacidad de dominio. 

Al revisar los antecedentes de la abogada (quien no acudió a varias de las diligencias previstas en el proceso disciplinario), se encontró que a finales de 2011 había sido sancionada con suspensión de 6 meses por faltas relacionadas con indiligencia en su labor. Además, se allegaron copias de dos procesos penales por los delitos de estafa de mayor cuantía y falsedad en documento privado, los cuales cursaban en contra de la investigada y fueron suministrados por la Fiscalía General de la Nación. 

Debido a todo lo anterior, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial emitió fallo con ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, de conformidad con el cual la abogada no podrá volver a ejercer esa profesión.