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Bogotá, D.C. Octubre 15 de 2024. @CNDJ_Col. En fallo de segunda instancia con ponencia del presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Alfonso Cajiao, esa Corporación le puso punto final a la pretensión de adelantar una causa disciplinaria contra dos abogados señalados de presionar declaraciones para perjudicar el ex gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.
El proceso se originó en una compulsa de copias realizada por la Fiscalía 190 delegada ante la Dirección Especializada contra la Violaciones a los Derechos Humanos, donde el 18 de abril de 2018 Adán Rojas Mendoza manifestó que los abogados Alex Alberto Fernández y Dilia Inés Barón le ofrecieron dinero a él y a su hermano para inculpar al ex gobernador Caicedo frente a crímenes ocurridos en la ciudad de Barranquilla.
Cabe señalar que Adán y José Gregorio Rojas Mendoza han sido vinculados por la justicia a varias investigaciones en calidad de miembros de las Autodefensas Campesinas de la Sierra Nevada, bajo el mando del ex jefe paramilitar conocido con el alias de Hernán Giraldo.
De hecho, ambos fueron condenados este año como coautores del homicidio del ex decano de la Universidad del Magdalena, Roque Morelli Zárate, ocurrido el 5 de septiembre de 2002 en la entrada de la Ciudadela 20 de Julio de Santa Marta, hechos frente a los cuales aceptaron su responsabilidad y se acogieron a sentencia anticipada.
El proceso disciplinario contra los abogados acusados por los ex paramilitares Rojas Mendoza fue asumido inicialmente por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, ante la cual fueron acreditadas las actuaciones de los investigados en casos relacionados con el ex gobernador Carlos Caicedo, las cuales datan del año 2014 y fueron soportadas con documentos allegados a la primera instancia.
Luego de valorar las pruebas, la Comisión Seccional se pronunció el 10 de marzo de 2023, declarado la terminación anticipada del proceso disciplinario a favor de los abogados Alex Alberto Fernández y Dilia Inés Barón.
La decisión fue apelada y le correspondió entonces el estudio a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que al revisar el expediente encontró acertados los criterios de la primera instancia, en el sentido de que la actuación ya había prescrito.
La ley establece que pasados más de 5 años entre la presunta comisión de la falta, es decir el supuesto ofrecimiento al “Clan Rojas” (que según el testimonio se habría dado en septiembre de 2017), y la audiencia disciplinaria, el Estado pierde la facultad para investigar esos hechos.
En ese sentido, el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007 señala: “La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas”.
Así las cosas, la Máxima Autoridad Disciplinaria de la Rama Judicial confirmó el fallo de primera instancia y le puso punto final a la pretensión de los condenados hermanos Rojas Mendoza de sancionar a los abogados que, según ellos, los presionaron para declarar contra Carlos Caicedo.
