Rama Judicial

• La Comisión Nacional de Disciplina Judicial desvirtuó los argumentos de la contraparte, que denunció un supuesto complot para perjudicarlos.

• La queja fue interpuesta por el hermano de un veedor ciudadano que señaló al exmandatario departamental de irregularidades en la compra del terreno donde se ubicaría el nuevo hospital regional.

Bogotá, D.C. 17 de Marzo de 2025. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial dio por terminada la investigación que cursaba contra dos magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, acusados de formar parte de un entramado de corrupción para favorecer al exgobernador del Meta Darío Vásquez Sánchez.

El origen del pleito se funda en las denuncias formuladas por el abogado y ex veedor ciudadano William Romero Sandoval contra el entonces mandatario seccional por presuntas irregularidades relacionadas con la compra del terreno donde se iba a construir el nuevo hospital departamental.

Los señalamientos contra el funcionario fueron más allá y terminaron en los estrados judiciales. En medio del litigio, se conoció en su momento la aparición de un supuesto enlace para persuadir al abogado de abandonar su ofensiva judicial contra el gobernador.

En ese contexto se produjo un encuentro en el que, según la información conocida, el veedor recibió la suma de 20 millones de pesos como parte de una aparente negociación, hecho que derivó en su captura durante un operativo de la Fuerza Pública y la Fiscalía.

Producto de esa situación, el ex gobernador Vásquez Sánchez se declaró víctima de extorsión y comenzó otro proceso, ahora con el denunciante en el banquillo de los acusados. El 26 de Junio de 2018, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio emitió sentencia condenatoria y fue contra esa decisión que William Romero interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior de la misma ciudad.

La magistrada a la cual le correspondió el caso inicialmente se declaró impedida y el recurso de amparo fue resuelto por los dos magistrados que fueron denunciados ante la Jurisdicción Disciplinaria. La queja la formuló un hermano del ex veedor, quien dijo que la decisión fue tomada violando el principio de congruencia, que había tráfico de influencias entre los magistrados para direccionar el reparto de las apelaciones y que el Tribunal era parte de un entramado de corrupción para perjudicarlos.

Sin embargo, tras un análisis riguroso de las pruebas, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial constató, por una parte, que el reparto de los procesos se surtió de manera legal desde el Centro de Servicios de los Juzgados penales, sin que pudiera ser objeto de modificación. Y por otra parte, respecto de los argumentos del pronunciamiento del juez de tutela, la Corporación encontró que la actuación disciplinaria había prescrito debido a los términos de ley.

En ese orden de ideas y en determinación con ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla, la Alta Corte archivó la investigación que cursaba contra los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio.