Bogotá, D. C., 13 de octubre de 2026 (@Judicaturacsj). 399 decisiones de fondo han proferido los juzgados creados por el Consejo Superior de la Judicatura en el último año para atender los casos de personas privadas de la libertad en centros transitorios de reclusión, que se encuentran en situación de hacinamiento.
Así lo señaló el magistrado de esa corporación y coordinador de la especialidad penal, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, al instalar el Conversatorio de Ejecución de Penas y Encuentro interinstitucional sobre acceso a la justicia realizado en Bogotá.
“El Consejo Superior de la Judicatura creó cinco juzgados que han trabajado este año conociendo de esos casos prioritariamente y la disminución en hacinamiento ha sido tremendo”, explicó el magistrado.
También destacó el rol judicial en la ejecución de la pena como una exigencia constitucional indispensable del estado social de derecho, garantía esencial de protección de derechos humanos y condición de legitimidad del sistema penitenciario.
“Un servidor judicial en la ejecución de la pena implica legalidad, respeto a la dignidad humana, debido proceso, favorabilidad penal, tutela judicial efectiva, reconocimiento de la especial sujeción frente al estado, examen de proporcionalidad, finalidad reconciliadora”, afirmó el magistrado Vallejo.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, aseguró que las juezas y jueces de ejecución de penas cumplen un papel fundamental como garantes frente al poder punitivo del Estado porque cada decisión relacionada con la ejecución de la pena tiene efectos concretos en la vida, integridad y proyecto de vida de una persona.
“Detrás de cada expediente existe una persona titular de derechos cuya dignidad no desaparece como consecuencia de la condena y cuya posibilidad de reconstruir su proyecto de vida debe permanecer dentro del horizonte de la política criminal y penitenciaria”, indicó la defensora del Pueblo.
A su turno, el ministro de Justicia, Iván Cancino González, sostuvo que es importante reactivar una justicia negociada y restaurativa, los mecanismos alternativos de solución de conflictos y reducir los términos para tener una justicia más pronta.
“Cumplir una pena con entereza es el acto de valentía más noble para reparar el daño y reconciliarse con la sociedad. Sostenerse firme ante la gravedad de la sentencia es la prueba de que el ser humano es siempre mayor que sus peores errores. No hay mayor demostración de templanza que asumir las consecuencias legales de nuestros actos, sin que el desaliento corrompa nuestra moral”, puntualizó el ministro de justicia.
El evento cuenta con la participación de magistrados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), juezas y jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, servidores judiciales, entre otros.