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Buen balance del Conversatorio de Reforma a la Justicia organizado por la Judicatura en Cartagena

Reforma a la justicia no responde a las necesidades del ciudadano

 

 

Cartagena, 25 octubre 2018.- El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Edgar Carlos Sanabria Melo, dijo que sin jueces independientes no se podría hablar de un estado constitucional y la vigencia de las garantías y los derechos fundamentales.

En el "Conversatorio de Reforma a la Justicia ¿Una respuesta real y efectiva a los problemas de la justicia?" que se realiza en Cartagena, el magistrado Sanabria Melo recordó que los principios de separación de poderes, autonomía e independencia motivaron la creación del Consejo Superior de la Judicatura en la Constitución de 1991 y esos principios han sido cumplidos por la Corporación.

"Desde sus inicios hasta hoy y pese a las limitaciones presupuestales, el Consejo Superior de la Judicatura ha cumplido con los objetivos de transparencia y autonomía; para dar un solo ejemplo, la implementación de la carrera judicial con el 96% de los magistrados, el 60% de los jueces y el 67% de los empleados en carrera", indicó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura.

Afirmó que es paradójico que digan algunos "malquerientes" del Consejo Superior que la entidad no ha dado resultados cuando ha recibido certificaciones en calidad por Icontec y año tras año viene siendo recertificado.

"Estamos de acuerdo que si hay una reforma en la administración de justicia ésta sea para el ciudadano de a pie, que haya un reajuste del Consejo Superior de la Judicatura pero no que se elimine un organismo para reemplazarlo por otro que con mayor burocracia, entraría a cumplir las mismas funciones", enfatizó el magistrado.

Por su parte la magistrada Diana Alexandra Remolina Botía, aseguró que en 16 años se han presentado ante el Congreso 15 proyectos de reforma a la justicia, entre actos legislativos y leyes, la mayoría de iniciativa del Gobierno Nacional, sin propuestas que tengan en cuenta al ciudadano y sus necesidades de justicia.

Señaló que muchos temas de la reforma a la justicia no deben estar en la Constitución, pues la convierten en otro código de procedimiento, "lo que a todas luces es indeseable... La reforma está planteada para modificar las altas cortes y la burocracia de la Rama Judicial y no para mejorar el servicio".

"Entregar decisiones rectoras del Gobierno de la Rama Judicial a una comisión integrada por las altas cortes trasladará el choque de trenes de lo judicial a lo administrativo. Esta reforma a la justicia es un reencauche del equilibrio de poderes, nuevamente será inconstitucional porque los que adoptan las decisiones de gobierno serán juez y parte", dijo la magistrada Remolina.

Agregó que todas las inquietudes y propuestas planteadas frente al proyecto de reforma a la justicia que cursa en el Congreso de la República espera sean recibidas y consideradas en la discusión que se está adelantando en el Legislativo.

Igualmente el Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, consideró que con los proyectos de reforma a la justicia cada gobierno de turno ha pretendido gobernar la justicia y no reformarla.

"El problema real de la justicia no es mirar lo que pasa en las cortes, eso no es lo que piensa el ciudadano, el problema es presupuestal. Uno no se puede imaginar que la Fiscalía que solo investiga casos penales, tenga más recursos que toda la Rama Judicial", señaló el representante a la cámara.

Indicó que es materialmente imposible que los jueces cumplan con la carga de demandas con el presupuesto actual de la Rama, "no se puede exigir que un juez saque dos o tres sentencias al día, a la justicia se le podrá exigir cuando tenga los recursos necesarios".

Puntualizó el representante Chacón que "a la gente hay que quitarle la percepción de impunidad y desconfianza en el sistema judicial. La Rama Judicial debe contar la verdad frente a los problemas que hay en la justicia, al desequilibrio presupuestal... Para nadie es un secreto que la señora ministra de justicia siempre se ha considerado una enemiga de la justicia y por eso está empeñada en esta reforma".

Finalmente, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se refirió a la necesidad de mantener la autonomía de la justicia y brindar estabilidad a los jueces para garantizar su independencia.

Agregó que por experiencia frente a lo que está sucediendo en Venezuela, "es importante evitar los pequeños signos de injerencia de un poder a otro, de nosotros (el sistema judicial) depende la democracia y la integridad del Estado".

"El Consejo Superior se quiere eliminar por intereses de poder"

Cartagena, 26 octubre 2018.- El exministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aseguró que el proyecto de reforma a la justicia no resuelve los problemas del sector y más parece "un reality" de reformas constitucionales las que han buscado cambiar el gobierno de la Rama Judicial.

Al intervenir en un foro en el marco del "Conversatorio de Reforma a la Justicia ¿Una respuesta real y efectiva a los problemas de la justicia?", que se realiza en Cartagena, Gil Botero señaló que los argumentos del proyecto de reforma son pobres y desarticulados.

"Lo que se quiere con la reforma es liquidar al Consejo Superior de la Judicatura pero los problemas de la justicia no están resueltos. No hay una reforma que busque rescatar la credibilidad en la justicia, el problema de la justicia hay que abordarlo desde la autonomía del presupuesto de la Rama", indicó el exministro.

Entre tanto el exmagistrado Gilberto Orozco Orozco, dijo que no existen argumentos valederos para la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, ya que no ha tenido casos de corrupción porque "con gran prestancia moral le ha mostrado al país que ha ejecutado los recursos con mayor pulcritud sin que exista tacha alguna".

Al hacer un relato sobre la historia del Consejo Superior de la Judicatura, señaló que la eliminación de la Corporación se ha buscado por intereses de poder, porque el Gobierno Nacional por una parte y los miembros de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial por otra, siempre han buscado tener el dominio sobre la administración de justicia y "arrodillar" presupuestalmente a la Rama.

Por su parte el director de asuntos políticos de la Presidencia de la República, Jaime Alejandro Amín Hernández, defendió la reforma al decir que aunque no es perfecta, las discusiones en el Congreso de la República permiten mejorarla y que el Gobierno Nacional tiene la disponibilidad de seguir dialogando con la Rama Judicial.

A su turno la magistrada Martha Lucía Olano de Noguera, indicó que el Consejo Superior de la Judicatura ha tenido un manejo intachable del poco presupuesto que el gobierno otorga a la Rama Judicial. "No es concebible que una rama del poder público tenga incluso menos presupuesto que muchos ministerios".

Al recordar que la anterior reforma de "equilibrio de poderes" separó la Sala Disciplinaria de la Sala Administrativa, quedando esta última como la única que integra el Consejo Superior de la Judicatura, manifestó que la gestión de esta Corporación ha sido transparente.

También el magistrado José Agustín Suárez Alba, destacó la función del Consejo Superior de la Judicatura, fortaleciendo la independencia y estabilidad del autogobierno de la Rama Judicial.

Puntualizó que temas como el desarrollo de la carrera judicial, la implementación de la oralidad, mejoras en la infraestructura con bajos costos en metros cuadrados de sedes judiciales construidas y adecuadas y el expediente electrónico, son algunos de los logros de la Judicatura.

Criticó los señalamientos en contra del Consejo Superior de la Judicatura por la ejecución presupuestal, al señalar que cuando el gobierno entrega de manera tardía los recursos, llegando al final del año, es imposible que cualquier entidad ejecute las finanzas oportunamente, pese a ello y a los escasos recursos, la Judicatura ha cumplido.

Durante el conversatorio, el Consejo Superior de la Judicatura y la Real  Academia de la Lengua española, RAE, firmaron un convenio con la creación del Diccionario Jurídico Panhispánico, convirtiendo a  Colombia en pionero para el lanzamiento de este diccionario que se constituye en un instrumento de apoyo para el sector judicial.

Santiago Muñoz, académico de la RAE, calificó el texto como una herramienta formidable que incluye la coordinación de la jurisprudencia de España con Colombia y los países suramericanos.

"No nos Oponemos a la Reforma del Autogobierno de la Rama"

El Consejo Superior de la Judicatura no se opone a reformas que mejoren el autogobierno de la justicia, pero no está de acuerdo con proyectos que menoscaban la independencia judicial.

Así lo manifestó el Vicepresidente de la Corporación, Max Alejandro Flórez Rodríguez, durante la clausura del "Conversatorio de Reforma a la Justicia ¿Una respuesta real y efectiva a los problemas de la justicia?" en Cartagena, donde invitó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a reflexionar sobre una verdadera reforma que le llegue al ciudadano.

 

El magistrado hizo algunos reparos sobre la falta de coordinación en el trabajo de los fiscales y los jueces para hacer más eficiente la justicia penal, poniendo como ejemplo la necesidad de que el Ente Acusador presente de manera oportuna las solicitudes de audiencias públicas.

Por su parte el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, indicó que la Fiscalía busca que la justicia, de manera coordinada con la Judicatura, hagan realidad el expediente digital y señaló que frente a la falta de recursos en la Rama Judicial, se necesita gestionar que de los dineros que se le quitan a las organizaciones de delincuencia, que este año van por el orden de los 12 billones de pesos, se tramite un porcentaje para la modernización de la justicia.

"A las Farc le hemos incautado bienes por más de 2 billones de pesos, a la organización conocida como la Oficina le quitamos en el sector de Mamonal, aquí en Cartagena, un lote avalado en 1.2 billones, de modo que ahí están los recursos que necesita el sector judicial, incluso el INPEC", precisó el Fiscal General.

Finalmente la ministra de justicia, Gloria María Borrero, al defender la reforma judicial, manifestó que en la construcción de la misma se tomó como referencia el anterior proyecto de equilibrio de poderes, por eso el magistrado Luis Guillermo Guerrero se apartó de las discusiones iniciales para después servir de asesor en la elaboración de la actual iniciativa.

 

 


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