null Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expresó al Gobierno Nacional su preocupación por reducción del presupuesto para la vigencia 2026

 

  • La segunda reducción del presupuesto a la Rama Judicial fue de 695 mil millones de pesos en el presupuesto aprobado para 2026, cifra que se sumó a un primer recorte de $ 4.4 billones frente a la solicitud inicial por $ 16 billones.

  • Este recorte impacta, entre otros, el pago de sentencias y la creación de cargos para atender la implementación de la Ley 2452 de 2025, por la cual se expidió el nuevo “Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”, y la Jurisdicción Agraria y Rural. 

  • En reunión con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expuso las implicaciones de este recorte presupuestal y acordó instalar mesa técnica para plantear soluciones al déficit presupuestal de la vigencia 2026.

Bogotá D.C., miércoles 22 de octubre de 2025 (@Judicaturacsj). La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expresó su preocupación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por la segunda reducción de 695 mil millones de pesos en el presupuesto aprobado para 2026, cifra que se sumó a un primer recorte de $ 4.4 billones frente a la solicitud inicial por $ 16 billones.

Esta decisión impacta entre otros, el pago de sentencias y la creación de cargos para atender la implementación de la Ley 2452 de 2025, por la cual se expidió el nuevo “Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”, y la Jurisdicción Agraria y Rural.

En reunión con el viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt Galeano; la directora general del Presupuesto Público Nacional, Martha Hernández Arango; y el asesor del despacho del ministro, Diego Carrero, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, conformada por los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscal General de la Nación y el representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, expuso las implicaciones de este recorte presupuestal para toda la Rama Judicial en su conjunto, esto es, Judicatura, Fiscalía General de la Nación e Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En este sentido, la Comisión Interinstitucional hizo énfasis en el impacto directo que tendrá la reducción del presupuesto 2026 en los servicios de aseo, vigilancia, arriendo, seguros, mantenimientos y servicios públicos; así como en compra de mobiliario, maquinaria, equipo y otros bienes. Igualmente, se manifestó la implicación en el pago de sentencias y en la oferta de servicios para atender la implementación del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y la Jurisdicción Agraria y Rural.

 

El presidente de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, afirmó que “este recorte es muy delicado porque compromete la posibilidad de crear los juzgados laborales municipales, de fortalecer y robustecer a la Rama Judicial”.

 

“Empezamos un diálogo firme, respetuoso y cordial que esperamos pueda rendir frutos para generar mesas técnicas de trabajo, que posibiliten incrementar el presupuesto para el año 2026 y puedan realizarse ajustes que nos permitan más recursos para la administración de justicia”, añadió.

 

La Comisión Interinstitucional destacó el ambiente cordial en el que se desarrolló la reunión, espacio en el que se abordaron de manera técnica y propositiva las alternativas para reducir los efectos del recorte en la administración de justicia.

Como resultado del encuentro, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se comprometió a:

  1. Entregar una respuesta, en los próximos días, sobre la situación del decreto para incrementar la bonificación judicial en un 5,85%, como se acordó en la mesa de negociación del sector justicia, celebrada en el mes de junio de 2025.

  1. Gestionar una reunión entre el ministro de Hacienda y Crédito Público y el ministro de Justicia y del Derecho para analizar los criterios de distribución de los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).