null Consejo Superior de la Judicatura presentó consideraciones al proyecto de ley de Paz Total

 

 

  • El presidente de la Corporación, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, expresó su respeto al liderazgo de la Corte Suprema de Justicia en esta materia. Por ello, sin entrar a discutir sobre la conveniencia del proyecto de ley que crea el marco jurídico de la Paz Total, presentó al Congreso de la República algunas alertas que deberían considerarse en su trámite.
  • Subrayó que la iniciativa demanda un sólido alistamiento institucional y articulación estratégica.
  • Revive la intervención completa del presidente de la Corporación - https://acortar.link/85PtEW

Bogotá, D. C., 2 de septiembre de 2025 (@Judicaturacsj). El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, pidió al Congreso de la República examinar con atención el proyecto de ley que crea el marco jurídico para la denominada Paz Total.

Expresó su respeto al liderazgo de la Corte Suprema de Justicia en esta materia. Por ello, sin entrar a discutir sobre la conveniencia del proyecto de ley que crea el marco jurídico de la Paz Total, presentó alertas que deberían considerarse en su trámite.

En su intervención en la tercera Audiencia Pública del Proyecto de Ley, el magistrado llamó la atención sobre posibles vulneraciones al principio de no repetición del que son titulares las víctimas y la sociedad, así como dudas de constitucionalidad al proponer incorporar como beneficiarios de los mecanismos de justicia transicional a personas que antes fueron excluidas de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz, por haber persistido en la comisión de delitos.

“Ese es un debate que el Congreso de la República como escenario democrático por excelencia, deberá dar. Pero sobre el cual dejamos una alerta para que se estudie con detenimiento”, señaló.

Frente al tratamiento de los bienes, aseguró que es indispensable dejar absolutamente claro que también deben incluirse aquellos que estén a título personal. Explicó que no basta con hablar de bienes relacionados con la actividad del grupo armado ilegal o de la llamada “infraestructura comunitaria” que estos desarrollaron, sino que deben incorporarse expresamente los bienes adquiridos individualmente por cada integrante como producto de su actividad delictiva.

Advirtió las dificultades para que un juez pueda conceder autorización para que beneficiados de la Paz Total conserven hasta un 12 % del patrimonio ilícito, lo cual genera una evidente tensión con el artículo 58 de la Constitución, que garantiza la propiedad privada con justo título, conforme a las leyes civiles, dada su función social.

Vallejo Jaramillo subrayó que la iniciativa demanda un sólido alistamiento institucional y articulación estratégica y agregó que, sin un diseño adecuado, el país podría repetir la experiencia de la Ley 975 de 1995 (Ley Justicia y Paz), que, precisamente por no haber tenido previsiones legales, administrativas, logísticas y de capacitación oportunas, tardó más de siete años en entrar en plena operación.

“El Congreso de la República deberá examinar con mucha atención si efectivamente es posible implementar esta ley sin ningún tipo de creación (…) Agregó que la aplicación de la Paz Total exigiría la creación de jueces especializados porque:

- Atenderían este procedimiento diferenciado.

- Tendrían competencia nacional, sin sujeción a factores territoriales.

- Deben ser capacitados y especializados en este tipo de delito, por expreso mandato de la norma propuesta.

- Deben garantizar un modelo de justicia territorial.

“Es importante señalar que el país cuenta con 115 jueces del circuito especializado que, quienes a julio de 2025 habían tenido ingresos de 10.809 procesos. Se estima que entrarán, según los análisis de los años anteriores, 21.641 procesos este año. Si tomamos alguno de estos jueces para darles este enfoque específico de que trata el proyecto, tendremos que redistribuir la carga adicional, no solo la existente, sino la entrante”, agregó.

Además, se preguntó ¿cómo se tramitarán las segundas instancias o las supervisiones a la ejecución de las penas?, dada la especial capacitación que se exige de los funcionarios que conozcan de estos asuntos.

“Si no se crean cargos, destinar algunos de los servidores actuales a este conocimiento, generaría un desbalance desproporcionado en la carga laboral de los restantes, quienes asumirían los casos ordinarios”.

Finalmente, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, señaló que en caso de avanzar el proyecto de la Paz Total es necesario que el Congreso “haga los aportes presupuestales necesarios para poder estructurar de la mejor manera la especialidad”.

Revive la intervención del presidente de la Corporación