Quibdó, Chocó, 19 de octubre de 2026 @Judicaturacsj). El magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y coordinador de las áreas temáticas de Derecho Penal y Justicia Restaurativa y Terapéutica, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, instaló en Quibdó, Chocó, el Conversatorio Nacional de Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica, escenario en el que destacó la importancia de estos enfoques para transformar vidas, reparar a las víctimas y reconstruir el tejido social.
Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la articulación interinstitucional para consolidar su implementación en el país y generar nuevas oportunidades para las personas, especialmente para los niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad.
El magistrado Vallejo Jaramillo señaló que, bajo el liderazgo del Consejo Superior de la Judicatura y mediante el trabajo articulado con otras instituciones, se han impulsado procesos de formación, sensibilización e implementación de prácticas restaurativas en diferentes regiones del territorio nacional.
"Es importante capacitar, sí, pero igual o quizás más importante es sensibilizar; es cambiarnos los lentes. Es actuar con el rigor que corresponde, pero con una mirada diferente que procure verdaderamente lograr la reincorporación de las personas infractoras a la sociedad y el empoderamiento de la víctima".
En ese sentido, resaltó que diversos despachos judiciales a lo largo y ancho del país han desarrollado prácticas de justicia restaurativa o terapéutica, lo que evidencia avances en la incorporación de estos enfoques en la actividad judicial.
"Ya son decenas y nos acercamos a centenares de despachos judiciales a lo largo y ancho del territorio nacional en donde se ha podido verificar que los titulares han adelantado alguna práctica de justicia restaurativa o de justicia terapéutica. Esto muestra nuestro compromiso".
El magistrado aseguró que este conversatorio es un recordatorio “de la importancia de trabajar juntos por tener una justicia fundada en el sentido más humano y por la paz social que requiere Colombia, por resolver y prevenir nuestros conflictos cotidianos a través del diálogo y la concertación, respetando al otro y asumiendo responsabilidad por nuestros actos”.
Aseguró que “nuestro sueño, nuestro empeño y nuestro trabajo es contar con un país en donde se creen las segundas y las primeras oportunidades para los niños, las niñas y los adolescentes, que en muchas ocasiones son utilizados para la comisión delictiva; pero también para dignificar, reconocer, honrar y restablecer a las víctimas, a quienes debemos poder dar voz y sosiego. Solo si una víctima se reconoce escuchada, solo si una víctima se reconoce respetada, estará en disposición de otorgar perdón y, tras éste la recomposición de los lazos sociales”.
Por su parte, la subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Silvia Catalina Uribe García, aseguró que cada institución del Estado debe asumir las competencias y responsabilidades que le son propias en este tema y agregó que es importante personalizar el tratamiento a los adolescentes en conflicto con la ley penal, de conformidad con las características y necesitades de cada uno.
“La sanción debe ajustarse a la infracción y a la realidad del adolescente. Cuando nuestros hijos cometen una falta en casa, procuramos pensar en una consecuencia que se ajuste a lo ocurrido y les deje una enseñanza. Lo mismo debemos hacer como Estado con los adolescentes”.