null La Ley de Jueces de Paz y Reconsideración hay que reformarla para fortalecerla: presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa

 

 

Bogotá, D. C., 8 de julio de 2026. (@Judicaturacsj). La presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno, afirmó que la Ley de Jueces de Paz y Reconsideración (Ley 497 de 1999) hay que reformarla para fortalecerla, al tiempo que enfatizó en que se deben consolidar las condiciones que garanticen su legitimidad, mediante una mayor formación, autonomía, articulación institucional, claridad en las competencias y garantías efectivas.

Durante su intervención en la apertura del Congreso "Raíz de Paz: de las raíces más profundas nace la paz verdadera", organizado por la Personería de Bogotá en la Universidad Santo Tomás, la presidente destacó que ese fortalecimiento de la justicia de paz y reconsideración se debe hacer en tres dimensiones:

El primero corresponde a la formación constitucional, con el propósito de que los jueces de paz cuenten con herramientas para proteger los derechos fundamentales, garantizar el debido proceso, aplicar enfoques diferenciales y determinar cuándo un conflicto puede resolverse en equidad y cuándo debe remitirse a otra autoridad competente.

Como segundo eje destacó el fortalecimiento de las habilidades humanas, entre ellas la escucha activa, la comunicación asertiva, la mediación, la empatía y el uso de un lenguaje claro. “Una justicia que las personas no comprenden es una justicia que se aleja. El lenguaje debe ser sobrio, claro, respetuoso y capaz de explicar. No para simplificar la complejidad de los conflictos, sino para que quienes participan puedan comprender las razones, los alcances y las consecuencias de las decisiones adoptadas”, agregó.

Como tercer punto propuso reforzar la formación práctica de los jueces de paz mediante capacitación en manejo de audiencias, elaboración de actas, construcción de acuerdos, argumentación de decisiones en equidad y activación de rutas de remisión. En ese sentido, indicó que una jurisdicción sólida es aquella que conoce el alcance de sus competencias y actúa de manera articulada con las demás instituciones.

Durante su intervención, la presidente recordó que la jurisdicción de paz constituye un mecanismo de participación ciudadana previsto en la Constitución Política para contribuir a la convivencia y la solución pacífica de conflictos, por lo que su fortalecimiento resulta esencial para consolidar una justicia cercana a las comunidades y respetuosa de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

“Porque la paz verdadera no se construye únicamente desde las instituciones ni llega acabada desde arriba. Se teje en la vida cotidiana de los territorios: en la conversación que evita una ruptura, en la confianza que permite volver a sentarse frente al otro, en la decisión de una comunidad de resolver sus diferencias sin renunciar a la dignidad de nadie. Allí, en esos gestos concretos de escucha, responsabilidad y reconocimiento, es donde la paz echa raíces”, puntualizó.

Cinco líneas de acción del Consejo Superior de la Judicatura

Por su parte, la magistrada Liliana Cardona Chagüi, y coordinadora de la Jurisdicción de Jueces de Paz y Reconsideración del Consejo Superior de la Judicatura, explicó las cinco líneas de acción en las que trabaja la Corporación para que la Jurisdicción de Jueces de Paz y Reconsideración pueda cumplir de manera efectiva la función que le asignó la Constitución:

  1. Coordinación interinstitucional permanente
  2. Seguimiento y evaluación
  3. Fortalecimiento de capacidades
  4. Mejores condiciones para el ejercicio de la función
  5. Reglas comunes para una jurisdicción nacional

“Estoy convencida de que la respuesta no consiste en abandonar el modelo concebido por el constituyente de 1991, sino en fortalecerlo a partir de la experiencia acumulada durante todos estos años, sin apartarse de la esencia de esta jurisdicción. Si somos capaces de impulsar las transformaciones que hoy demanda la experiencia, la jurisdicción de paz seguirá siendo una de las expresiones más valiosas del compromiso de nuestra Constitución con una justicia cercana, humana y al servicio de las comunidades”, concluyó.