Barranquilla, Atlántico, 5 de octubre de 2026 (@Judicaturacsj). 117 sentencias proferidas, 1.210 condenados, 119.311 víctimas reconocidas, 22.794 hechos identificados, 7.084 fosas comunes intervenidas y 12.612 cuerpos exhumados son algunas de las cifras del trabajo de Justicia y Paz en 20 años de existencia.
Así lo destacó el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y coordinador de los asuntos penales, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, durante la instalación del Conversatorio Nacional de Justicia y Paz en la ciudad de Barranquilla, que este año tuvo como lema “Justicia que escucha, repara y transforma”.
“El éxito no se mide solamente por el número de sentencias o autos interlocutorios, sino por la capacidad de traer justicia, verdad, reparación, reconciliación y garantías de no repetición. Son 117 sentencias que contribuyen a la memoria histórica, al poner de relieve la importancia de conocer la magnitud de lo que ha ocurrido en Colombia; la violación de derechos contra niños, niñas, adolescentes, mujeres, pueblos afro, comunidad LGTBI, comunidades indígenas, campesinos, la naturaleza, los ecosistemas”, explicó el magistrado. Más allá de los números, en estas cifras subyace una realidad de tragedia, dolor, ruptura y violencia, pero también de reconciliación, perdón, justicia y transformación.
De igual manera se trajo a colación el informe emitido por la Contraloría General de la República, con ocasión de los 20 años de Justicia y Paz, donde informó que entre 2005 y 2024 se destinaron $ 17,7 billones de pesos para la aplicación de esta política. No obstante, el órgano de control precisó que a la Rama Judicial le correspondió únicamente el 2,01 % del presupuesto invertido en el Sistema de Justicia y Paz, equivalente a aproximadamente $ 362.850 millones de pesos.
El magistrado Jorge Enrique Vallejo Jaramillo destacó que una conclusión común del encuentro es la necesidad de trabajar de manera articulada. Señaló que Justicia y Paz es un sistema que exige la coordinación permanente entre la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para las Víctimas, las entidades territoriales y las demás instituciones involucradas.
Por su parte, el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, sostuvo que la reparación requiere coordinación real entre justicia, administración, entidades territoriales, gobierno y todas las instituciones encargadas de los bienes, las víctimas y la reparación.
“También demanda perseguir los bienes que fueron ocultados. No puede existir un modelo serio de justicia transicional en que el victimario entregue una parte mínima de su patrimonio y conserve una parte de sus beneficios, mientras las victimas esperan”, indicó el ministro de Justicia.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, aseguró que la reparación no termina en una sentencia porque esta puede reconocer un derecho, pero es el Estado, junto con la sociedad, el que debe ayudar a convertir ese derecho en una realidad.
“El gran desafío es que nuestros hijos y nietos puedan mirar hacia atrás y decir que Colombia aprendió de su historia, aprendió que ninguna diferencia justifica la violencia, que ninguna sociedad puede construir un futuro digno mientras haya una persona que sienta que su dolor no fue escuchado”, sostuvo el mandatario departamental.
Por su parte, la directora de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, Liliana María Calle Rojas, enfatizó en que "el verdadero sentido de Justicia y Paz no está en el número de procesos o estadísticas, sino que su verdadero sentido está en las víctimas", mientras que el director Territorial del Atlántico de la Unidad de Victimas, Michael Sabatino Iguarán, afirmó que “reparar es acompañar, recuperar la confianza, fortalecer los proyectos productivos de las personas y generar oportunidades”. Agregó que cuando una sentencia se cumple cambia la vida de las víctimas y hace que la justicia se sienta en los territorios.
En el evento participaron magistradas y magistrados de las altas cortes, de justicia y paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), juezas y jueces, conferencistas y panelistas internacionales, servidoras y servidores judiciales.