Bogotá, 9 de septiembre de 2025 (@Judicaturacsj). La presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno, expresó su preocupación ante la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, por la asignación presupuestal prevista para la Rama Judicial en la vigencia 2027; explicó que, aunque se solicitó la asignación de 17,5 billones de pesos, el proyecto de ley solo contempla 11.4 billones, lo que representa una brecha de $6,1 billones.
“Como poder judicial debemos responder a la esperanza de tantos ciudadanos que reclaman una justicia célere, pronta y eficaz y, por eso, resulta esencial contar con los recursos económicos suficientes e idóneos para responder por el servicio público de administración de justicia”, afirmó la magistrada Novoa Moreno.
Durante su intervención, la presidenta destacó que el artículo 192C de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 2430 de 2024) blinda la independencia de la Rama Judicial. La norma le asigna una participación del 3 % del Presupuesto General de la Nación, la cual debe aumentar de forma gradual según la Sentencia C-134 de 2023 de la Corte Constitucional. Sin embargo, la magistrada advirtió que ya han pasado tres años sin que se dé cumplimiento a este mandato.
También señaló que, aunque los gastos de funcionamiento de la Rama Judicial ascienden a $ 14,6 billones, en el proyecto de ley se asignan $ 9,9 billones, lo que afectará el sostenimiento de la planta de personal, integrada por más de 37.352 servidoras y servidores judiciales.
Adicionalmente, enfatizó en que la falta de asignación presupuestal genera riesgos inminentes sobre el funcionamiento diario de la justicia: adquisición insuficiente de bienes y servicios; la desfinanciación absoluta del rubro de sentencias; y el riesgo operativo sobre las medidas de descongestión judicial, indispensables ante el incremento del 32 % de la demanda de justicia para este último cuatrienio.
Por otra parte, señaló que la Rama Judicial no es ajena a la crisis fiscal que afronta el país por las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto y por los incendios forestales en varias regiones. Explicó se han realizado traslados de recursos para atender las necesidades más apremiantes derivadas de las emergencias que han afectado a más de 3.000 servidores judiciales y 120 sedes judiciales, cuya recuperación demanda importantes recursos.
“Nosotros también hemos hecho nuestros esfuerzos, nos hemos apretado el cinturón y hemos trasladado recursos que no consideramos imperiosamente necesarios para atender los requerimientos más urgentes. Primero pensamos en las personas. Es el capital humano el que hace que las entidades públicas progresen y gestionen”, puntualizó.