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El documento es el resultado de un trabajo coordinado entre el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Bogotá, 6 de agosto de 2025 (@Judicaturacsj). Con el propósito de garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad que enfrentan enfermedades incompatibles con la vida en reclusión, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), adoptaron un protocolo de actuación interinstitucional que establece una ruta clara, ágil, articulada para atender casos de manera oportuna y eficaz.
Este documento es el resultado de un trabajo coordinado para definir responsabilidades, procedimientos y mecanismos de articulación que permitan tramitar, de manera efectiva, la sustitución de la pena privativa de la libertad por reclusión domiciliaria u hospitalaria, cuando existan condiciones médicas que lo justifiquen, conforme a lo establecido en el artículo 68 del Código Penal (Ley 599 de 2000).
“Teniendo en cuenta que se está ante una población que por su estado de salud es vulnerable, es indispensable que las entidades involucradas en el proceso de solicitud del sustituto penal actúen de forma fluida y articulada”, explica el protocolo al tiempo que enfatiza en la importancia de disminuir los obstáculos y barreras que se presenten para dar respuesta a las solicitudes que tienen un impacto directo en las condiciones de vida de las personas en reclusión con afecciones en su salud.
La ruta incluye la identificación del caso, la solicitud de valoración médico-legal, el análisis judicial y, de ser el caso, la coordinación del traslado y seguimiento del tratamiento.