Bogotá D. C., 14 de abril de 2026 (@Judicaturacsj). El proyecto de ley que reglamenta la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional avanzó a su último debate legislativo, luego de su aprobación en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y quedó a un paso de convertirse en ley de la República.
Esta iniciativa legislativa es liderada por el Consejo Superior de la Judicatura y trabajada articuladamente con el Ministerio de Justicia y autoridades indígenas y entidades públicas que hacen parte la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN).
En su intervención, la magistrada de la Corporación, Liliana Cardona Chagüi, resaltó que este proyecto busca saldar la deuda histórica que tiene el Estado colombiana desde hace más de tres décadas con los pueblos indígenas de Colombia.
“Estamos ante una oportunidad histórica para consolidar el pluralismo jurídico en Colombia y fortalecer la confianza en la justicia, porque el verdadero valor del proyecto radica en su legitimidad y capacidad de transformar estructuralmente la relación entre el Estado y los pueblos indígenas en materia de justicia, cierra una brecha histórica de 33 años, reduce la inseguridad jurídica, garantiza el acceso efectivo a la justicia, fortalece la autonomía indígena dentro del Estado Social de Derecho y construye un modelo de diálogo entre sistemas jurídicos”.
La magistrada explicó que esta iniciativa es la culminación de años de trabajo en la COCOIN con la participación y consenso de los pueblos indígenas. A su vez, resaltó seis aspectos relevantes del proyecto de ley.
1. Hace un reconocimiento real del pluralismo jurídico, estableciendo por primera vez un marco integral que reconoce y articula más de 115 sistemas de justicia indígena, respetando sus particularidades.
2. Proporciona un equilibrio entre autonomía de los pueblos indígenas y la protección de los derechos fundamentales
3. Establece un modelo moderno de coordinación, basado en la interculturalidad, igualdad entre jurisdicciones y colaboración armónica, con herramientas concretas como los protocolos departamentales de coordinación, el apoyo institucional técnico, científico y jurídico, la formación intercultural a servidores judiciales y la mediación lingüística, entre otros.
4. Proporciona mayor seguridad jurídica, estableciendo reglas claras para resolver conflictos de competencia.
5. Fortalece el enfoque diferencial buscando la protección de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes indígenas y el respeto por la diversidad cultural.
6. Le da viabilidad a su implementación estableciendo opciones para su financiación
En conclusión, estamos muy cerca de contar con una ley de coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena, que contribuirá en la consolidación de un Estado Social de Derecho verdaderamente pluriétnico y multicultural.