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Consejo Superior de la Judicatura realizó audiencia de rendición de cuentas sobre su gestión en 2018

Bogotá, 30 de abril de 2019.- El Consejo Superior de la Judicatura realizó ante la opinión pública la audiencia de rendición de cuentas de la gestión desarrollada por la Corporación durante el año 2018.

El presidente del Consejo Superior, magistrado Max Alejandro Flórez Rodríguez, destacó el impacto del trabajo hecho por la Judicatura en beneficio de la administración de justicia en temas como carrera judicial, que es un modelo de vinculación a la Rama Judicial basado en los méritos que tiene el aspirante para acceder al cargo. Aseguró que antes de 1991, año en que fue creada la Corporación, se realizaron dos convocatorias públicas mientras que desde 1994 hasta el 2018 fueron desarrolladas 117.

En materia de infraestructura entre 1993 y 2018 el Consejo Superior entregó al servicio de los ciudadanos 129 sedes judiciales, con un área aproximada de 485.200 metros cuadrados. En 2018 fueron implementadas 313 salas de audiencia en todo el país, se adquirió un inmueble destinado a los despachos judiciales del municipio de Soledad, Atlántico, y se encuentran en negociación sedes para Sincelejo, Armenia, Puerto Asís, Ipiales y Bucaramanga.

 

Igualmente fueron adecuados 420 juzgados dotados para la implementación de la oralidad, proporcionados centros de servicios en Bucaramanga, Palmira, Riohacha y Valledupar e intervenidas para mantenimiento 109 estructuras y edificios judiciales.

El magistrado Flórez Rodríguez dijo que en el año 2018 ingresaron a los despachos 2.723.771 procesos, que representan un incremento de 264 % frente a los ingresos de 1993, en promedio se recibieron 2,2 procesos al día. Los egresos, es decir, procesos que fueron resueltos, ascienden a 2.249.181 con un incremento de 297 % respecto de 1993. Cada despacho evacuó 1,8 procesos al día en promedio. Actualmente la Rama Judicial cuenta con 5.444 despachos judiciales, en 1993, mientras que había 3.945.

De 2.723.771  procesos que ingresaron a los despachos judiciales en el 2018 el 28 % corresponde a acciones de tutela, que equivale a 758.000.

En el 2018, se presentaron 757.983 acciones de tutela en el país, cifra 18 veces mayor al ingreso de tutelas en el año 1997, que fue de 42.452.

Si bien es cierto que la carga de tutelas es del 28 % de la demanda a nivel nacional, ha de resaltarse que la Sala de Casación Civil resolvió 6.035 o el 82 % del total de ingresos de dicha sala.

Por otra parte, los despachos de familia de los tribunales superiores tuvieron ingresos de 5.280 asuntos, de los que 3.616 fueron tutelas (68 %), mientras que los despachos de la sala penal de los tribunales superiores registraron una demanda de 44.119 casos, que incluye 25.616 tutelas, o sea, el 58 % de la carga.

En los juzgados civiles del circuito hubo ingresos de 83.296 tutelas, lo que corresponde al 49 % del total de la demanda efectiva de 169.169.

"Para menguar la incidencia de las tutelas en la congestión judicial se planteó al ejecutivo que por ejemplo las entidades estatales respondan oportunamente las peticiones o se pronuncie de fondo frente a ellos, con el fin de que los jueces y magistrados dediquen más tiempo a resolver los asuntos de su especialidad", enfatizó el presidente del Consejo Superior.

Otro de los termas impulsados por la Corporación es la modernización e innovación digital, para facilitar el cumplimiento de los objetivos misionales de la Rama Judicial. En la pasada vigencia se consolidó el expediente digital en los procesos de restitución de tierras, permitiendo la interoperatividad en 42 servicios de entidades públicas. Además se ampliaron servicios de telecomunicaciones como datos, voz, video y redes.

Uno de los grandes avances de la Rama, gracias a la gestión del Consejo Superior de la Judicatura, es la formación de los servidores judiciales. El año pasado se adelantaron 278 actividades académicas de formación de 12.078 funcionarios y empleados capacitados. La Corporación impulsó la promoción del sistema oral con la realización de estudios técnicos, modelos de gestión y la elaboración de procedimientos para la atención en salas de audiencia  y centros de servicios administrativos.  

Como resultado de esfuerzos mancomunados entre el Consejo Superior de la Judicatura y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, a través de sus agencias INL y OPDAT, se logró desarrollar y poner a disposición de los funcionarios judiciales y de la comunidad jurídica en general, dos obras de consulta que resultan fundamentales para la reducción de los tiempos procesales, el manejo adecuado de las audiencias y la capacitación permanente de los jueces. Se trata de la primera y segunda edición de la guía judicial para audiencias de control de garantías y la guía judicial para audiencias de conocimiento, actualizadas y aumentadas en lo relativo al manejo de audiencias del procedimiento penal abreviado y el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

En materia de seguridad se presentaron 84 solicitudes de protección a servidores judiciales que fueron atendidos oportunamente mediante la aplicación de diferentes estrategias de carácter preventivo y de protección. También se fortaleció el Programa de Apoyo Interinstitucional entre el Consejo Superior de la Judicatura, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección.

La política de justicia abierta, referida a la aplicación de principios de transparencia, participación y colaboración para acercar la justicia al ciudadano, fue una de las banderas del Consejo Superior de la Judicatura, impulsando la desconcentración judicial y promoviendo la divulgación de temas de interés jurídico para generar pedagogía y acercamiento con la comunidad. En ese sentido se crearon 113 juzgados de pequeñas causas y competencia múltiples, ubicados en 28 ciudades, y se inscribieron 117 jueces de paz, encargados de promover la conciliación en equidad en casas de justicia, alcaldías y en sedes de las juntas de acción comunal.

En gestión de calidad y medio ambiente entre los años 2016 y 2018 se disminuyó en un 9 % el consumo anual de agua en las sedes judiciales, en 15,77 % el consumo anual de energía y en 48,52 % el consumo anual de papel. Igualmente,  se incrementó el área de cobertura vegetal en las instalaciones judiciales y se evolucionó en los despachos judiciales certificados, con un aumento del 3,526 % de 2005 al 2018.

Finalmente el magistrado Max Alejandro Flórez Rodríguez se refirió al presupuesto anual de la Rama Judicial, que se ha mantenido constante durante los últimos nueve años con una participación del 0,4% en el Producto Interno Bruto.

El recaudo por los Fondos Especiales en 2018 fue de 425.932 millones de pesos, el 53 % corresponde al Fondo de Financiación del sector justicia y el 47 % al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Justicia.

El presupuesto apropiado para transferencias se redujo en el 34 % desde el 2016, que no cubre el pasivo de $347.472 millones para el pago de sentencias judiciales. El presupuesto general para el 2018 presentó un decrecimiento del 5,4 % respecto del año 2017, afectado por políticas de recorte presupuestal del Gobierno Nacional que disminuyó los recursos de inversión en $59.641 millones, impactando negativamente el cumplimiento de la metas previstas por la Judicatura.

"La asignación presupuestal para el 2018 fue de $4.194.442 millones distribuidos en $3.971.256 millones para gastos de funcionamiento y $223.186 millones para proyectos de inversión. Al finalizar la vigencia se obtuvo un resultado eficiente de utilización del 96,3 % de ejecución presupuestal", indicó.

 

Ver Informe Público Anual de Rendición de Cuentas 2018

 

 

 

 


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