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La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Botía, explicó ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el presupuesto de $13 billones 962.389 millones, vigencia 2025, solicitado para el funcionamiento e inversión de la Rama Judicial.
El presupuesto solicitado permitirá avanzar en temas estratégicos como: (i) el aumento de la oferta de justicia en todo el país; (ii) la transformación digital de la Rama Judicial; (iii) el Plan Maestro de Infraestructura para mejorar sedes judiciales y (iv) reconocer y pagar la bonificación como factor salarial a 36.810 servidores judiciales, entre otros.
Adicionalmente, la magistrada afirmó que el Consejo Superior de la Judicatura está listo con todas las condiciones para la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural, pero se necesita que se expida la ley ordinaria que reglamenta sus competencias.
Bogotá D. C., miércoles 28 de agosto de 2024. (@JudicaturaCSJ). La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Botía, argumentó este martes ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la solicitud de $13 billones 962.389 millones de presupuesto que hizo la Corporación para la vigencia 2025, con el propósito de cumplir con la oferta de justicia en todo el territorio nacional, avanzar en la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital, seguir ejecutando el Plan Maestro de Infraestructura para adecuar y modernizar las sedes judiciales y, reconocer y pagar la bonificación como factor salarial a 36.810 servidores judiciales, entre otros.
Advirtió la magistrada Diana Remolina que de no aprobarse el presupuesto solicitado la Rama Judicial podría funcionar, pero sin expectativa de crecimiento, “lo que afectaría la manera en que se presta el servicio de justicia”.
“En el anteproyecto pedimos 13 billones de pesos y en el proyecto que el Gobierno presenta se reducen 3.5 billones de pesos, lo que nos está dejando sin posibilidad de crear 6.275 cargos permanentes, sin asignación para cubrir la bonificación judicial como factor salarial, deja sin cubrir la creación de 1.607 cargos transitorios para atender situaciones concretas de congestión judicial, sin financiación para el pago de sentencias y conciliaciones, entre otros”, precisó la presidenta.
Frente a la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura señaló que la Corporación está lista para crear los cargos requeridos para la puesta en marcha de esa jurisdicción, pero se necesita la expedición de la ley ordinaria que reglamenta sus competencias.
Vale la pena recordar que la Judicatura creó mediante Acuerdo PCSJA23-12132 de 2023, el Distrito Judicial Agrario y Rural de Tunja, conformado por los circuitos agrarios y rurales de Cartagena, Pasto, Popayán, Quibdó y Tunja. Así mismo, como tres despachos de magistrado del Tribunal Agrario y Rural de Tunja y los cinco juzgados agrarios y rurales del circuito en Cartagena, Quibdó, Pasto, Popayán y Tunja, pero no han entrado en funcionamiento hasta la expedición de la citada Ley.
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