Rama Judicial

• En los juzgados y tribunales superiores y administrativos de todo el país se crearon 1.179 cargos, así como 319 para las altas cortes. El área administrativa también fue reforzada con 166 nuevos cargos. Todos bajo la modalidad de transitorios.

• También se ordenó la creación de cargos transitorios en algunos despachos judiciales con inventarios de procesos altos, entre los que se encuentran casos de connotación nacional que, por su relevancia, requieren apoyo para el impulso del trámite judicial.

Bogotá D.C., 17 de febrero de 2025. El Consejo Superior de la Judicatura ordenó la creación de 1.664 cargos transitorios en los juzgados y tribunales superiores y administrativos de todo el país, así como en las Altas Cortes y en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Los cargos transitorios fueron creados con el propósito de contribuir al mejoramiento del tiempo de respuesta en el trámite procesal, disminuir la congestión y avanzar en la modernización de la justicia para promover una administración judicial oportuna y eficiente.

En ese sentido, se crearon 1.179 cargos en juzgados y tribunales superiores y administrativos en todo el país, así como 319 para las altas cortes, que incluyen magistrados auxiliares, escribientes, oficiales mayores, sustanciadores, entre otros. El área administrativa también fue reforzada con 166 nuevos cargos.

El Consejo Superior de la Judicatura también creó cargos transitorios en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como piloto para implementar las funciones de policía judicial en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996 de administración de justicia.

Igualmente, se ordenó la creación de cargos transitorios en algunos despachos judiciales con inventarios de procesos altos, entre los que se encuentran casos de connotación nacional, así como para agilizar la respuesta en los procesos de tutelas.

Con esta decisión, el Consejo Superior de la Judicatura continúa fortaleciendo la Rama Judicial para el cierre de brechas de acceso a la administración de justicia por parte de la ciudadanía y la población en condición de vulnerabilidad.