Bogotá, D.C., 25 de marzo de 2011.- La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dispuso el traslado del Juzgado Penal del Circuito del municipio de Saravena a la ciudad de Arauca, para brindar seguridad a funcionarios y usuarios del despacho que dirigía la jueza Gloria Constanza Gaona Rangel, asesinada el pasado martes 22 de marzo.
El presidente de la Sala Administrativa, Hernando Torres Corredor, aclaró que a partir del próximo miércoles 30 de marzo, comenzará a funcionar ese despacho en la ciudad capital de Arauca, pero frente a los procesos, la Judicatura no se ha pronunciado porque no es competente para determinar el cambio de radicación de los casos que eran conocidos por la desaparecida funcionaria judicial.
El Magistrado explicó que con el traslado del Juzgado Penal del Circuito, ese despacho no pierde la competencia para conocer los casos de Saravena, ya que los ciudadanos de esa localidad seguirán contando con el Juzgado, aunque transitoriamente funcionará en Arauca, “no podemos quitarle jueces a los ciudadanos, eso es un derecho fundamental que ellos tienen de acceder a la administración de justicia”.
“Este traslado del despacho no significa que la Judicatura se incorpore en el cambio de radicación de los procesos, ahí el Consejo Superior no tiene ninguna competencia. Nosotros ni hemos tomado medidas, ni estamos tomando medidas, ni vamos a tomar medidas, porque eso es una estructura de carácter jurisdiccional y la Sala Administrativa no tiene funciones jurisdiccionales”, precisó Torres Corredor.
Aseguró que frente al accionar de la delincuencia todas las instituciones del Estado deben unirse para combatir la violencia y castigar a los responsables de hechos como el asesinado de la jueza Gaona Rangel.
“Lamentamos estas agresiones contra la Rama, lo cual invoca a que las instituciones públicas nos congreguemos a pelear contra la delincuencia y no a pelear contra nosotros mismos, tenemos que unir fuerzas entre los tres poderes del Estado porque el enemigo es el delincuente, el enemigo no está dentro del Estado, si hay deficiencias y desinformaciones, tenemos que superarlos porque no podemos distraernos frente a lo que queremos, que es combatir el crimen organizado”, aseguró el magistrado Torres.
Igualmente el Presidente de la Sala Administrativa, afirmó que la seguridad de los funcionarios judiciales, como la de todos los ciudadanos, está a cargo de la Policía Nacional, aunque existe la colaboración armónica entre todas las Ramas del Poder Público.
“El poder judicial tiene 23 mil personas por todo el país y su seguridad está en manos de la Policía, lo que nosotros hacemos es la coadyuvancia, significa que en los lugares donde funcionan despachos judiciales, todos los instrumentos de seguridad del edificio, la entrada, las requisas, son del Consejo Superior”, precisó el Magistrado.
Indicó que, “lo que hemos visto es que los esquemas distintos de la Policía Nacional frente a la Rama Judicial, como el ‘Plan Padrinos’ que tenía la doctora Gaona, son insuficientes y le hemos dicho a la Policía que se replantee eso y que empecemos mirando por lo menos un sistema de alertas tempranas. El problema no es solo Saravena, es todo el territorio donde los funcionarios reciben atentados.
Puntualizó que el Consejo Superior recibió el año pasado mil 300 millones de pesos, para adelantar la labor de coadyuvancia en materia de seguridad, pero esos recursos no alcanzan para el cubrimiento de toda la seguridad de la Rama, por la magnitud del aparato judicial de Colombia.
“Además recibimos 7 mil millones de pesos para la seguridad de la Corte Suprema, cosa que se materializó en mejores esquemas para la Corte, por eso cuando hablamos de la necesidad de coadyuvar no es para sustituir a la Policía, ni para montar esquemas internos de seguridad, nosotros no vamos a irrespetar las competencias de la Policía Nacional”, agregó el magistrado Hernando Torres.