Rama Judicial

Bogotá, D.C., 23 de agosto de 2011.- La Corte Suprema de Justicia consideró como un retroceso la reforma a la justicia que pretende eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, así como la que busca modificar su estructura, apartándose de las propuestas presentadas por el Gobierno Nacional y  el Consejo de Estado.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Camilo Tarquino Gallego, aseguró que en la reforma a la estructura de la Rama Judicial, no se debe incluir la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y que los integrantes de las dos Salas que lo componen, la Sala Administrativa y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, deben mantener su categoría de Magistrados. 

Los pronunciamientos del Presidente de la Corte Suprema de Justicia fueron hechos en el seno de la Comisión Primera del Senado de la República, donde se inició la discusión sobre los proyectos de reforma a la justicia, a la que fueron invitados los representantes de las Altas Cortes y los Ministros del Interior y de Justicia.

El doctor Tarquino Gallego, señaló que se debe respetar el espíritu del constituyente de 1991, que creó el Consejo Superior de la Judicatura como un organismo que representa la autonomía e independencia de la Rama Judicial.

“Consideramos en la Corte Suprema de Justicia, apartándonos un poco del Consejo de Estado, que los seis miembros de la Sala Administrativa sigan siendo abogados, que tengan la condición de Magistrados y por ende funcionarios con fuero, independientemente de que dentro de los requisitos estuviera alguna exigencia particular para que al menos la mitad tuviera conocimientos relacionados con aspectos de derecho comercial o  contratación pública, pero fortaleciendo a la Sala Administrativa con la presencia de los Presidentes de las Altas Cortes”, afirmó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El Magistrado manifestó que frente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la Corte Suprema de Justicia considera que también se debe conservar, aunque manifiesta que debe ajustarse la manera de designación de sus integrantes.

Durante la sesión, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Magistrado Angelino Lizcano Rivera expuso que las modificaciones propuestas no contribuyen a resolver los problemas que afronta la Administración de Justicia, como tampoco da respuesta a las demandas ciudadanas que reclaman una justicia pronta, oportuna y eficaz.

El Magistrado Angelino Lizcano Rivera, señaló que la reforma que debe ser aprobada es aquella que garantice el acceso a la justicia de los ciudadanos; al tiempo que coincidió con los demás Presidentes de las Cortes, en el sentido de que se necesita presupuesto para mejorar las condiciones de su prestación.

“Estos fines de la justicia no se van a lograr con la eliminación el Consejo Superior de la Judicatura o con su transformación en otro ente diferente al concebido en la Constitución de 1991, por el contrario, su eliminación resquebraja el Estado Social de Derecho”, precisó el Magistrado Lizcano Rivera.

Por su parte, el Vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Magistrado Ricardo H. Monroy Church, destacó la importancia del modelo de gobierno autónomo de la Rama Judicial previsto en la Constitución Política de 1991, que concibió a la Sala Administrativa como un organismo jurídico-administrativo y técnico encargado de racionalizar y hacer más eficiente la organización de la Justicia.

Destacó el Vicepresidente  que el Consejo Superior de la Judicatura es un cuerpo colegiado al margen de la estructura de los poderes ejecutivo y legislativo, que le otorga la  autonomía e independencia suficiente, tanto interna como externa, para el cumplimiento de su misión  de administración y gobierno del poder judicial.

Este esquema constitucional ha permitido que la Rama Judicial en los últimos veinte años, haya logrado notorios avances,  no obstante las apropiaciones presupuestales han sido sistemáticamente deficientes frente a las necesidades reales del sector,  la demanda de justicia se ha incrementado en un 208% desde 1993  al 2010 y el crecimiento del aparato de justicia ha sido tan sólo del 17%.

Es así como éste en el año 1993 recibió 748.000 procesos, evacuando tan sólo 566.000 procesos y para el año 2010 aunque la demanda se incrementó a 2.303.000 procesos, la capacidad de respuesta fue de 2.562.000 procesos, esto significa que con las medidas de apoyo adoptadas por la Sala Administrativa y el esfuerzo de los funcionarios judiciales se ha logrado impulsar la gestión, incrementándose la productividad en un 352% en este período.

De otra parte, el Magistrado Ricardo H. Monroy Church destacó que en las mesas de trabajo de reforma a la Justicia previas a la presentación de los proyectos de reforma, el Consejo Superior de la Judicatura formuló dos propuestas para fortalecer a la Rama Judicial, una de índole constitucional consistente en establecer un porcentaje mínimo de participación en el Presupuesto General de la Nación, cuyos ejes fundamentales son:

·         El fortalecimiento de la independencia y autonomía financiera de la Rama Judicial, que permita la planeación y la programación del gasto y de la gestión administrativa, mediante la previsión de recursos estables destinados a la Rama Judicial en la Ley Anual de Presupuesto y la previsión de metas de productividad y descongestión.

·         La previsión garantizada de recursos propios para la Rama, incluyendo el arancel judicial.

·         La gradualidad de la destinación de un porcentaje fijo anual en el Presupuesto General de la Nación,

·         La  intangibilidad de la apropiación presupuestal  fija anual.

La segunda propuesta de orden Estatutario que se expuso en dicho foro está dirigida a fortalecer la participación de la Comisión Interinstitucional en la Sala Administrativa con miras a reforzar la coordinación en  temas centrales como formación de los servidores judiciales, infraestructura física, tecnología, descongestión y programación de concursos para la carrera judicial.

El vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ricardo Monroy Church expuso los avances, producto del diseño constitucional, que ha tenido la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en la administración de la Rama Judicial.

Monroy Church, hizo un llamado al Congreso de la República para que entre a reflexionar sobre la importancia de la independencia de la Rama Judicial y mantener el modelo del gobierno autónomo de la Administración de Justicia, a través de un organismo jurídico-administrativo técnico, encargado de racionalizar y hacer más eficiente la administración del servicio público de justicia.

Este modelo creado con la Constitución de 1991 ha permitido avanzar en logros que se pueden destacar con la mejoría de la productividad judicial, al punto que mientras en el año de 1993 la Rama Judicial tenía capacidad para evacuar 566.000 procesos, al cierre del año 2010 logró evacuar 2’582.000 procesos, con un incremento del 352 por ciento.

“Ciertamente desde el año 1991 modificamos radicalmente la manera de afrontar la justicia, creamos un órgano de administración y gobierno de la propia Rama Judicial, adoptamos un modelo de autogobierno de la Rama que a diferencia del esquema que traíamos, que venía siendo desempeñado por el Gobierno Nacional, donde el fondo rotatorio del Ministerio de Justicia era al que le correspondía organizar los recursos físicos y tecnológicos con que disponía la Rama Judicial, y todos conocemos las debilidades que afrontó el Poder Judicial y que provocaron la creación de este nuevo esquema de autogobierno”, enfatizó el Magistrado.

Los senadores de la Comisión Primera se mostraron partidarios de establecer unas mesas de trabajo, que se realizarán en todo el país, con la participación de todos los sectores políticos, económicos, sociales y académicos,  para abordar el estudio sobre los cambios que se deben hacer en la Administración de Justicia, para lo cual el Consejo Superior de la Judicatura ofreció todo su apoyo técnico y estadístico necesario para enriquecer el debate.