'
Enhorabuena la Sala Administrativa de la Judicatura empieza a dar pasos que varios sectores venían reclamando desde hace tiempo en materia de transparencia en la gestión de las altas cortes.
Su actual presidente, el magistrado Néstor Correa, frenó 71 nuevos nombramientos, entre ellos los de 14 magistrados de descongestión, que en su concepto no estaban debidamente justificados. Y por primera vez la Judicatura hace pública la lista de los viajes nacionales e internacionales de los magistrados de las cuatro cortes, que en adelante se actualizará además en la página web de la Rama Judicial.
Estas son señales positivas de los nuevos aires que empiezan a soplar en el Consejo Superior de la Judicatura, que en los últimos años fue objeto de numerosas críticas, incluso de los otros altos tribunales, y cuya desaparición fue uno de los motores del proyecto de reforma de la justicia que hace tránsito en el Congreso.
En un país en el que los magistrados y otros dignatarios del Estado no tienen quién los ronde, por la inveterada inactividad de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, la intención de abrirse al examen de la opinión pública representa un avance. El derecho a saber cómo se gasta la plata en todas las ramas del poder es clave para lograr unas instituciones más respetadas y respaldadas.
Sin embargo, son muchos los temas sobre los que los miembros de las dos salas de la Judicatura, la Administrativa y la Disciplinaria, le deben aún explicaciones al país. El 2011 se cerró con la decisión de la Contraloría de iniciar investigación fiscal contra dos ex integrantes de la Sala Administrativa, los ex magistrados José Alfredo Escobar y Hernando Torres, por el manejo del presupuesto de la Rama Judicial durante sus presidencias.
La investigación habla de un posible detrimento patrimonial de 7.000 millones de pesos tan solo en uno de los frentes a cargo de la Sala Administrativa: la construcción de palacios de justicia en Cali, Caldas, Casanare y Putumayo. El caso de Cali es particularmente doloroso, porque los jueces que tuvieron que abandonar sus despachos por el aleve atentado de las Farc que destruyó su sede en septiembre del 2008 administran hoy justicia en vetustos edificios, en los que cocinas y corredores fueron habilitados como despachos.
El magistrado Escobar y su colega de la Sala Disciplinaria Julia Emma Garzón también han sido cuestionados por el nombramiento de la hermana del primero en el despacho de la segunda; que a su vez fue correspondido por la designación de una sobrina de la magistrada Garzón en el equipo de Escobar, quien terminó en diciembre pasado sus 8 años de periodo. Esos nombramientos se mantuvieron por un año a pesar del escándalo que en su momento provocaron su destape y otros del llamado ’carrusel’ de nombramientos en la Judicatura.
Ante este panorama, el país espera que los vientos de autocrítica que parecen soplar en la Sala Administrativa se impongan también en la Disciplinaria, que, gracias a una efectiva labor de cabildeo en el Congreso, logró no solo que su eliminación se borrara de la reforma de la justicia, sino que este le diera superfacultades que a buena hora desaparecieron tras las protestas del Gobierno y de las otras cortes.
El magistrado Correa le dijo a este diario que él y sus colegas esperan convencer al país de que las prácticas cuestionadas en la Judicatura son un capítulo cerrado, por el que deben dar la cara sus responsables en el pasado. Honrar ese compromiso no solo debe ser resultado del inminente riesgo de supresión, sino una convicción para aquellos a los que les ha correspondido el honor y la responsabilidad de ser cabezas de la justicia colombiana.
editorial@eltiempo.com.co
'
