Bogotá, 3 de octubre de 2012. La Ministra de Justicia Doctora Ruth Stella Correa, instalo el día de hoy la Comisión del Proceso Oral y Justicia Pronta, conformada por los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, los Presidentes de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, Representantes de la Academia y de la Sociedad Civil. Cuyo objetivo fundamental es estudiar y recomendar estrategias que mejoren los procesos de la justicia y la acerquen más al ciudadano.
Destaco la Ministra durante la instalación que la Comisión fue creada con la finalidad de que las tres Ramas del poder público trabajen conjuntamente para garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la administración de justicia. “ El día de hoy, tengo el gusto de instalar por primera vez, desde su creación legal, esta Comisión que debe consolidarse como una instancia para que podamos discutir y hacer seguimiento a las diferentes iniciativas encaminadas a garantizar aquello que los ciudadanos demandan: una justicia inmediata”.
En esta primera reunión, se trataron temas referentes a los avances en la implementación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, avances en la implementación del Código General del Proceso, en el proyecto de digitalizar la justicia y en los planes de descongestión judicial.
La Ministra destacó que tras ponerse en marcha, esta Comisión es un buen mecanismo institucional para la colaboración armónica y la articulación entre las diferentes ramas del poder público para aunar esfuerzos en procura de una mejor administración de justicia.
Entre las funciones de esta comisión se encuentran:
Estudiar y recomendar las medidas necesarias para hacer efectivo los procesos orales y la política de descongestión judicial, establecidos en la Ley 1285 de 2009.
Analizar las propuestas y formular las recomendaciones sobre los estatutos procesales que incorporen el principio de los procesos orales y por audiencias en todos los órdenes de la jurisdicción.
Analizar las propuestas y formular las recomendaciones para establecer un estatuto general de procesos judiciales que los unifique y simplifique, a excepción del proceso penal.
Analizar las propuestas y formular las recomendaciones relacionadas con proyectos de desjudicialización y asignación de competencias y funciones a autoridades administrativas y a particulares habilitados para ejercer funciones públicas.
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