Bogotá, D.C., 9 de mayo de 2013.- El Consejo Superior de la Judicatura, en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ordenó, a través de un fallo de tutela, a la Dirección de Sanidad de la Policía que brinde toda la atención requerida y suministre los elementos necesarios para la rehabilitación de una menor de 13 años que sufre parálisis cerebral, autismo, gastritis crónica, retardo mental e invidencia, y cuyo tratamiento le ha sido negado argumentando falta de presupuesto de la entidad estatal.
Adicionalmente se ordenó a la accionada que sufrague todos los gastos de desplazamiento de la menor para sus terapias, toda vez que tiene que movilizarse desde zona rural de Piedecuesta, Santander, haciendo tres escalas en transporte público hasta la ciudad de Bucaramanga.
La menor es hija de un pensionado de la Policía en el grado de agente, a quien su asignación mensual de 665 mil pesos, no le alcanza para asumir los gastos de su familia y de transporte y tratamiento de la paciente en la Clínica regional del Oriente de Santander y en la Escuela Taller para Ciegos.
Destaca la Sala que es obligación del Estado garantizar a las personas la atención que requieran, accediendo a los programas de protección, promoción y recuperación, y más aún cuando el derecho por proteger es el de un menor de edad, y si bien el transporte y hospedaje del paciente y su acompañante no constituyen servicios médicos, hay ciertos casos en los cuales el acceso efectivo y real al servicio de salud depende de la ayuda para garantizar el desplazamiento al lugar donde será prestada la atención.
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