Rama Judicial

• La pelea, que derivó en la sanción disciplinaria de uno de los involucrados, obedeció al reparto de honorarios por la demanda contra el Ministerio de Defensa.

• El Estado tuvo que reconocer una indemnización de 529 millones de pesos por la muerte del militar, quien fue atacado por la espalda con un disparo de fusil cuando hacía las veces de centinela en una base del Grupo Mecanizado Silva Plazas.

Bogotá, D.C. 29 de agosto de 2024. @CNDJ_Col. La disputa entre dos abogados que entraron en conflicto por la repartición de los honorarios derivados de una demanda contra la Nación, hizo que los familiares de la víctima tuvieran que entrar a lidiar con el tema para resolver el diferendo.

El caso está relacionado con la muerte el 4 de abril de 2001, de un soldado regular de apenas 20 años de edad, en la base militar de Peñas Negras, perteneciente al Grupo Mecanizado Silva Plazas del Ejército Nacional, y que está ubicada en cercanías al cerro Pan de Azúcar, en jurisdicción del municipio de Duitama, en Boyacá.

Ese día, el soldado se encontraba de centinela, cuando en hechos confusos recibió varios golpes y un disparo de fusil por la espalda, que según sus seres queridos lo tuvo en agonía durante más de una hora. Según las versiones conocidas en ese momento, el autor habría sido uno de sus compañeros.

Producto de esa situación, el 20 de octubre de 2001 la familia interpuso una demanda contra el Ejército y el Ministerio de Defensa Nacional, la cual fue admitida en principio por el Tribunal Superior de Boyacá, pasando luego al Juzgado Administrativo de Santa Rosa de Viterbo. Después de muchos ires y venires, el Juzgado declaró responsable a la Nación el 13 de octubre de 2011 y solo hasta el 29 de abril de 2016 se conoció la resolución mediante la cual el Estado dispuso el pago de una indemnización cercana a los 530 millones de pesos.

El proceso lo asumió inicialmente un abogado al que la familia le revocó el poder en 2011, pues no daba razón sobre el avance de la demanda. El 22 de junio de ese mismo año, el Juzgado Administrativo de Santa Rosa de Viterbo reconoció la personería de otro abogado, al que la familia le confirió poder para continuar con las diligencias.

Desde un principio, el acuerdo para el pago de los honorarios fue el 20 por ciento de la suma concedida por la Nación, es decir, más de 105 millones 800 mil pesos. Para curarse

en salud, la familia acudió a la justicia a fin de determinar cómo se iba a pagar ese porcentaje, pues sabían que en últimas habían sido dos los intervinientes.

Así las cosas, el Juzgado terminó tasando los honorarios por mitades. Sin embargo, el pago lo recibió el abogado que actuó en la etapa final del proceso, sin entregarle a su colega la parte que por mandato le correspondía.

Por eso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en segunda instancia a través de fallo con ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, confirmó la decisión de la Comisión Seccional de Boyacá en el sentido de sancionar al abogado con 2 meses de suspensión y una multa de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes