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El vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, y la ministra de Justicia y del Derecho, Angela María Buitrago Ruíz, explicaron detalles de la iniciativa en el Conversatorio Nacional del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes desarrollado en Cali, Valle del Cauca.
"Con esta modificación al Código de Infancia y Adolescencia buscamos solucionar aspectos procesales específicos que han detectado los jueces de la especialidad, pero también queremos contribuir a un enfoque restaurativo y terapéutico que pueda redignificar la vida de los adolescentes en conflicto con la ley penal, a la par que conlleva a la reparación para la víctima y la comunidad", afirmó el magistrado.
Este proyecto de ley se está trabajando de manera articulada con los jueces, magistrados y asistentes sociales de la Rama Judicial, con la participación del Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y los valiosos aportes que en su momento hicieron la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.
Cali, Valle del Cauca, viernes 23 de agosto de 2024 (@JudicaturaCSJ). El Consejo Superior de la Judicatura realizó en Cali, Valle del Cauca, el Conversatorio Nacional del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, espacio académico en el que el vicepresidente de la Corporación, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, y la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruíz, presentaron los avances logrados en la propuesta de reforma al Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006.
En su intervención, el magistrado Vallejo Jaramillo explicó que el objetivo primordial de avanzar en la reforma al Código de Infancia y Adolescencia es solucionar unos aspectos procesales específicos que han propuesto los jueces de la especialidad para el mejoramiento del sistema, contribuir a un enfoque restaurativo y terapéutico que pueda redignificar la vida de los adolescentes en conflicto con la ley penal a partir de la responsabilización por su conducta, restablecer los derechos de las víctimas, afianzar lazos comunitarios y contribuir a superar el consumo problemático de sustancias estupefacientes.
“Se trata de buscar que los jóvenes que hayan infringido la ley penal puedan reorganizar su vida y empoderarse de ella para sí, para sus familias y para la sociedad, en la medida que su paso por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -con interiorización de su responsabilidad, reconocimiento de los derechos ajenos vulnerados, esclarecimiento de la verdad y reparación a la víctima- sea algo más que el cumplimiento de su condena; que impacte positivamente su existencia para contribuir a que puedan enrutar su existencia para bien de sí mismos y de la sociedad”, precisó el magistrado.
Recalcó que en el proyecto de reforma se contempla un aparte muy importante que se refiere a la reparación de las víctimas, “reparación que no es solo económica o pecuniaria, sino también, el reconocimiento por parte del infractor del error que cometió, un proceso de responsabilización real del daño para que a partir de ello reconozca y dignifique a su víctima, a su familia y a su entorno social, y podamos contribuir a restablecer el tejido social que lastima con la infracción”.
Por su parte, la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruíz, afirmó que en su momento el articulado del proyecto de reforma, si bien está en un proceso de verificación de trámites obligatorios, previo a su presentación ante el Congreso de la República, ha conllevado trabajo articulado con el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, jueces y magistrados de la República, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación en torno a su construcción para poder generar “una solución a los problemas que se han presentado en la práctica con el sistema 1098, buscando que los menores se reintegren de manera apta a la sociedad”.
“El Ministerio de Justicia y del Derecho cree este es uno de los síntomas más importantes de una sociedad, que sus propios jueces quieran contribuir a la formación de leyes que puedan generar un beneficio para esa sociedad, pero, lo más importante, para los niños, niñas y adolescentes”, puntualizó.
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