Rama Judicial

Bogotá D.C., martes 10 de junio de 2025. (@Judicaturacj). Ante los recientes hechos de violencia ocurridos en Bogotá, en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, así como el asesinato del señor Karim Sefair Calderón, fiscal delegado ante Jueces del Circuito Especializado de la Delegada de Seguridad Territorial de la Seccional Cundinamarca, el Consejo Superior de la Judicatura expresa su más enérgico rechazo y condena todo acto que atente contra la vida, la seguridad y la institucionalidad en Colombia.

Colombia necesita un cambio profundo y sostenido, basado en la tolerancia, el respeto mutuo y el compromiso colectivo, mediante el uso de canales civilizados y democráticos para zanjar las diferencias. Es momento de dejar atrás la violencia como herramienta de expresión o poder, y asumir con responsabilidad la tarea de reconstruir al país desde los valores fundamentales que unen y conectan con el mantenimiento del Estado Social de Derecho, la justicia y la sana convivencia.

El Consejo Superior de la Judicatura insta a las autoridades, a las organizaciones sociales y a toda la ciudadanía para trabajar unidos por un país en paz, en donde prevalezcan el diálogo, la justicia, el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes ciudadanos.

Asimismo, hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad y protección del Estado para que refuercen las medidas en las sedes judiciales de Cauca y Valle del Cauca, principalmente, donde han ocurrido una serie de hechos violentos en las últimas horas.

La Corporación solicita garantizar la seguridad de los funcionarios y empleados que laboran en dichas sedes, así como salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos que acuden en busca de la prestación del servicio de administración de justicia.

La Rama Judicial reitera la importancia de proteger el ejercicio libre, autónomo e independiente de la prestación del servicio de justicia en todo el territorio nacional, por lo que, confía en la acción conjunta y coordinada de la Fuerza Pública, el Gobierno nacional y las autoridades locales y departamentales para asegurar el bienestar general de la ciudadanía y preservar el adecuado funcionamiento de la justicia.