La Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" – EJRLB, es el Centro de Formación Inicial y Continua al servicio de la Administración de Justicia en Colombia. Creada en 1970, inició su funcionamiento en 1987 y fue incorporada a la Rama Judicial como unidad adscrita a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el año 1998; se ha consolidado como un centro de pensamiento en donde los y las participantes han creado una comunidad científica en la Rama Judicial a través del inter­cambio de experiencias y la construcción permanente y pluralista del conocimiento, con ello,  se pretende mejorar sustancialmente el acceso y calidad de la justicia colombiana.

El Plan de Formación para la vigencia 2015, se orienta al fortalecimiento de la administración de justicia a partir del reconocimiento de que la Rama Judicial ejerce una función social de enorme trascendencia, la cual exige de sus magistrados/as, jueces/zas y empleados/as, altos niveles éticos y de compromiso, con respeto por la dignidad humana, los derechos individuales y colectivos de las personas y la eliminación de toda forma de discriminación, para contribuir a la construcción de un dinámico y sano tejido social que propicie la equidad y el bienestar en la comunidad, de conformidad  a los objetivos establecidos para el Plan Sectorial de Desarrollo 2015-2018.

Por ello, los ejercicios silogísticos, nemotécnicos, de subsunción que caracterizaban, que algunos establecimientos educativos aún aplican a la enseñanza del Derecho, ceden precipitadamente el paso a complejos procesos argumentativos de ponderación y valoración que exigen una formación integral, sistemática, por competencias y multicultural, aplicada a la práctica judicial, en un marco ético de justicia, como la que ofrece la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", a través de sus 54 programas académicos apoyados en más de 170 publicaciones basadas en el estudio de casos problemáticos en la práctica judicial, en la Red de Formadores y Formadoras de la Escuela Judicial y en el Campus y Aulas Virtuales, dirigidos a las y los aproximadamente 4.584 magistrados y jueces de todo el país, los 18.822 empleados que les prestan apoyo; 1.257 jueces y juezas de paz; 1.500 autoridades indígenas que administran justicia y para alrededor de 1.500 aspirantes que cada dos años concursan para ingresar o ascender en la carrera judicial; así mismo y como proyección social de la formación judicial, para abogados litigantes, funcionarios de otras entidades públicas y líderes comunitarios para la difusión de los derechos fundamentales en los programas de desconcentración de servicios judiciales[1]

 

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[1] Ley 270 de 1996, art. 22, modificado por el art. 8 de la Ley 1285 de 2009