Avance técnico

Vigencia 2021

A partir de la suscripción del Contrato de Préstamo el 17 de agosto de 2021, el CSJ adelantó las actividades requeridas para el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso establecidas en las cláusulas 3.01 de las Estipulaciones Especiales y 4.01 de las Normas Generales. De acuerdo con esto, el 2 de diciembre de 2021 el BID dio por cumplidas las condiciones de elegibilidad total para desembolsos estipuladas en el Contrato de Préstamo y, en consecuencia, declaró la operación elegible para desembolsos a partir de esa fecha. Es importante indicar que el plazo contractual establecido para alcanzar las condiciones previas para el desembolso se fijó en máximo 180 días y fue alcanzado en 107 días.

Paralelo a las actividades para el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso, se contó con el acompañamiento técnico de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID Colombia, para la estructuración de las herramientas de planeación establecidas en las políticas del Banco. En esta fase de alistamiento, se aprobó el Plan de Adquisiciones para los primeros 18 meses de ejecución. Adicionalmente, el BID realizó el taller de arranque con la participación de personal del CSJ y del MJD, entre el 26 y el 28 de octubre de 2021.

Vigencia 2022

En cumplimiento de lo establecido en el CONPES y en el Reglamento Operativo del Programa, se instaló el Comité Directivo del Programa (CDP), como máxima instancia, en donde se dan lineamientos para la toma decisiones estratégicas. Asimismo, se instaló el Comité Técnico del Programa, instancia encargada de hacer seguimiento técnico de los avances del programa.

El Consejo Superior de la Judicatura fungió como Director y articulador natural del Programa, instancia que facilita los procesos de aprobación y ejecución, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, particularmente las relacionadas con la planeación y la autorización para la celebración de contratos para asegurar el funcionamiento de los planes y programas. Así mismo, la Sala Plena del Consejo Superior se constituyó no solo en una instancia de aprobación de los diferentes proyectos, sino que, en su función de dirección, dio los lineamientos para la correcta ejecución del Contrato de Préstamo.

Se formalizó una mesa de medición del Programa, con la participación de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE), el BID y la UEPRJ, donde se realizó la revisión de los indicadores de impacto y resultado, identificando fuentes de información, responsables y oportunidades de mejora en relación con las variables de cada uno de los indicadores.

Durante el 2022 se ejecutaron recursos por $47.973 millones, dentro de los cuales se destacan adquisiciones relacionadas con la primera fase de redes LAN, 41.000 licencias antivirus y 7.500 módulos DLP (data loss prevention), infraestructura, almacenamiento y soporte en nube, equipos de cómputo y herramientas de gestión de servicios tecnológicos.

Vigencia 2023

A finales de enero se llevó a cabo una misión del BID con participación del especialista senior en Gobierno Digital del BID de la cual derivaron una serie de talleres en dos etapas. Una primera realizada en el mes de marzo de 2023 con la participación de magistrados auxiliares del Consejo Superior de la Judicatura, directoras de unidades técnicas, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el grupo estratégico de proyectos y la Unidad Ejecutora del Programa. En la segunda, se desarrollaron cinco talleres técnicos con las siguientes temáticas: Capacidades para la Transformación Digital; Estructura Organizacional; Portafolio de Servicios; Gestión del cambio; y Medición y seguimiento.

Producto de estos ejercicios el 10 de mayo de 2023 se presentaron recomendaciones específicas para el fortalecimiento institucional para la transformación digital de la Rama Judicial.

Durante el 2023 se ejecutaron recursos por $ 116.618 millones, dentro de los cuales se destacan adquisiciones relacionadas con la tercera fase de redes LAN, la consolidación de la estrategia de seguridad de la información, continuidad del negocio y ciberseguridad, equipos de cómputo y licencias de Microsoft E5, así como la contratación del ejercicio integral de arquitectura empresarial para la Rama Judicial y la estructuración de una propuesta de protocolo de audiencias. Además, se inició el estudio sobre tiempos y costos procesales para los años 2019, 2021 y 2022.

Vigencia 2024

Se dio continuidad a la estrategia de fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Rama Judicial para configurar un ecosistema de herramientas de seguridad de información y ciberseguridad, así como a las actividades de mantenimiento y mejora de aplicativos específicos como firma electrónica y el Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial (SIERJU).

Por su parte, el proyecto de Redes LAN (Fase 3) incluyó la intervención de 27 sedes y las Altas Cortes en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía.

El Programa apoyó la consolidación y estabilización del Sistema de Gestión Documental Electrónica dentro del marco del Sistema Integrado de Gestión Judicial (SIUGJ) contribuyendo al afianzamiento de un expediente electrónico para los trámites judiciales y la integración de dicho ecosistema tecnológico con los demás objetivos estratégicos y elementos de la modernización institucional de la Rama Judicial, específicamente mediante las siguientes acciones: herramienta Alfresco, integraciones e interoperabilidad; validación documental y calidad de datos; migración de información; y servicios de mantenimiento y soporte técnico.

De otra parte, con el propósito de mejorar la disponibilidad, calidad y presentación de la información para la toma de decisiones, desde las áreas técnicas del Consejo Superior de la Judicatura, el Programa contribuyó al desarrollo de: estrategia de gobierno y gestión de datos; análisis de regulaciones, reglamentaciones y otros instrumentos para la transformación digital; y articulación y armonización de la información de las aplicaciones misionales y modelos de datos de las Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial, acordes con los principios y lineamientos de gobierno y gestión de datos. Adicionalmente, se aportó al fortalecimiento tecnológico en la construcción del protocolo de audiencias judiciales y desarrollo e implementación del modelo de gobernanza de Arquitectura Empresarial adoptado mediante el Acuerdo PCSJA21-11788 del Consejo Superior de la Judicatura.

Por último, se inició la ejecución de los proyectos para: “Implementar controles y mecanismos de gestión de identidad prioritarios, para mejorar las condiciones de ciberseguridad de la Rama Judicial” para el diseño e implementación del servicio de gestión de identidad que integre las aplicaciones de la Rama Judicial; estructurar, diseñar y ejecutar la planeación de las capacidades de infraestructura tecnológica para la Rama Judicial, a través del proyecto “Capacity Planning”; y la adquisición de licencias de Seguridad Microsoft 365 -E5 y de licencias Microsoft 365-E3, así como licencias de Teams Premium. La generación de capacidades tecnológicas es crucial para mantener la eficiencia operativa y la seguridad en la administración de justicia, considerando particularmente que desde abril de 2024 la herramienta Teams Premium es la plataforma institucional dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura para la realización de las audiencias judiciales en modalidad virtual, videoconferencias y streaming en la Rama Judicial.

Vigencia 2025

Durante la vigencia 2025, el Programa ha consolidado inversiones estratégicas destinadas al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la modernización de servicios, la seguridad de la información y la innovación institucional. Para ello, se comprometieron $107.655 millones provenientes de recursos de préstamo, apalancando adicionalmente $55.200 millones de recursos propios de la Rama Judicial.

1. Infraestructura y Conectividad

Se optimizó la capacidad operativa de las sedes judiciales mediante los siguientes proyectos:

  • Redes LAN Fase 3 ($53.644 millones): Finalización del contrato que permitió la mejora de redes eléctricas y de conectividad (física e inalámbrica) en 29 sedes.

  • Redes LAN Fase 4 ($73.547 millones): Inicio de la fase que comprende el diseño de 96 sedes judiciales y la implementación en 19 de ellas, proyectada para el año 2026.

2. Seguridad de la Información y Ciberseguridad

Con el objetivo de consolidar una estrategia integral, evolutiva y proactiva de protección, se pusieron en marcha:

  • Seguridad Perimetral ($21.677 millones) y Ciberseguridad ($10.497 millones): Adquisición de infraestructura de almacenamiento y servicios especializados para mejorar la respuesta ante incidentes y el cumplimiento normativo.

  • Identidad Digital ($3.000 millones): Implementación de un sistema de control de acceso basado en roles para fortalecer el monitoreo y la gestión de identidad en seis aplicativos institucionales.

3. Innovación en Servicios y Gestión Judicial

El compromiso con la transformación digital se reflejó en:

  • Células de Innovación y Desarrollo ($12.006 millones): Contratación de equipos destinados a iniciativas estratégicas y al desarrollo de los proyectos ganadores del Primer Concurso de Innovación de la Rama Judicial.

  • Dotación Audiovisual ($2.580 millones): Entrega de 200 pantallas interactivas a Altas Cortes, direcciones, consejos seccionales, tribunales y otras dependencias.

4. Gestión Documental y Experiencia de Servicio

  • Sistema de Gestión Documental: Se concluyeron las fases 1 y 2 ($6.041 millones) y se iniciaron las fases 3 y 4 ($3.257 millones). A la fecha, el sistema opera en 2.903 despachos y dependencias.

  • Fortalecimiento de la experiencia de servicio omnicanal en el Complejo Judicial de Paloquemao ($1.534 millones): Diseño de un modelo que integra canales presenciales, digitales y telefónicos, el cual servirá como piloto para ser replicado en otras sedes.

  • Asesoría técnica experta para evaluar y optimizar la experiencia digital de usuario de dos productos digitales priorizados de la Rama Judicial: Ventanilla judicial electrónica y Tarjeta Digital de Abogados (372 millones).

5. Apropiación y Cultura Digital

  • Uno de los logros más destacados fue la contratación de la Estrategia de Cultura Digital ($2.410 millones). Este esquema de acompañamiento integral busca fortalecer las capacidades digitales de servidores judiciales y ciudadanos en 453 despachos de 112 municipios.

  • Así mismo se contrato el diseño y estructuración virtual del ciclo de formación especializado en género y enfoque diferencial de la Rama Judicial que permitirá fortalecer la inclusión del enfoque de género y el enfoque diferencial en los fallos judiciales, en la atención a los ciudadanos y en la administración de la Rama Judicial.

6. Herramientas de Colaboración

  • Finalmente, para garantizar la operatividad, la Rama Judicial contó durante esta vigencia con 47.000 licencias de Microsoft y 6.800 licencias de Teams Premium, adquiridas a través del Programa al cierre del año 2024.

Vigencia 2026

Las actividades contractuales para la vigencia 2026 se iniciaron formalmente tras el Acuerdo No. PCSJA26‑12384 del 27 de enero de 2026, “Por el cual se modifica el Acuerdo PCSJA26‑12383 de 2026, se desagregan parcialmente los proyectos de inversión de la Rama Judicial, vigencia 2026, y se dictan otras disposiciones”.

La apropiación asignada al Programa para la vigencia 2026 ascendió a $39.046 millones. Si bien las adquisiciones gestionadas por el Programa para durante la vigencia ascendieron a $20.379 millones, los compromisos con recursos de préstamo para la vigencia 2026 se limitaron a un techo de $12.350 millones (32% de la apropiación asignada) con el fin de garantizar los recursos en pesos para atender los compromisos adquiridos estimando un escenario de pago con una tasa de cambio de $2.950 pesos por dólar. Esto teniendo en cuenta la alta volatilidad y la tendencia a la baja del indicador, pasando de $4.451 pesos por dólar para efectos del anteproyecto de presupuesto 2026 en marzo de 2025, a $3,757.08 al cierre del año 2025, y a niveles de $3.132,42 al cierre de julio/2026.

Dentro de las principales adquisiciones durante el 2026 se destacan la compra de servidores para la Corte Constitucional ($3.381 millones), el fortalecimiento de la resiliencia digital ($2.568 millones), el estudio de tiempos y costos procesales fase 2 ($1.821 millones) y la herramienta de inventarios ($1.832 millones – vigencia 2026), algunas de las cuales fueron apalancadas conjuntamente con recursos propios de la Rama Judicial.

Asimismo, se culminó la ejecución de importantes iniciativas como la fase IV de redes LAN permitiendo el mejoramiento de cableado estructurado en 12 sedes y el diseño de otras 80; el Sistema de Información Geográfico que permitirá gestionar información georreferenciada sobre la gestión judicial que se ofrecerá de forma abierta y que permitirá al Consejo Superior de la Judicatura adoptar políticas, acciones o programas; la continuidad del Sistema de Gestión Documental Electrónico (SGDE) que ya está en funcionamiento en 4.878 despachos y dependencias judiciales y la consolidación de la estrategia de ciberseguridad de la Rama Judicial.

Se destaca igualmente la culminación de proyectos asociados a apropiación y cultura digital. A través de la Estrategia de Cultura Digital se desarrolló un esquema integral de acompañamiento en apropiación digital para fortalecer las capacidades de integrantes del servicio público judicial en 453 despachos judiciales. Y con el contrato de experiencia de servicio se diseñó e implementó un modelo de experiencia de servicio en la sede de Paloquemao que articula los canales presencial, digital y telefónico orientado a la mejora de los procesos clave en los puntos de atención, permitiendo identificar barreras, necesidades y expectativas de la ciudadanía y del servicio público judicial y realizar ajustes que permitan prestar una atención más eficiente, accesible y moderna.

Estado de ejecución financiera Consolidada

A nivel de desempeño consolidado, a la finalización del Programa se comprometieron recursos por $361.915 millones equivalentes a US $93.6 millones, los cuales representan el 99% de los fondos administrados por el CSJ, a través de 261 contrataciones. Asimismo, se destaca que durante la vigencia del Programa (2021-2026), se apalancaron iniciativas con recursos propios de la Rama Judicial, por $72.111 millones.

Gráfico. Evolución de compromisos, desembolsos y justificaciones

 

Fuente: Unidad Ejecutora del Programa. Fecha de corte: 31-ago-2026. USD millones.

 

A nivel de desembolsos, el Programa ha gestionado recursos por US$93.4 millones, equivalentes a 99.6% de los recursos total, siendo el año 2025 el de mejor desempeño dado que se desembolsó el 52% de los recursos, apalancado en una eficiente gestión de adquisiciones. Asimismo, la gestión activa de los contratos en ejecución y terminados durante la vigencia 2025 y 2026, en términos de recibo de productos y servicios, permitió que las justificaciones al BID alcanzaran un monto de US$55.6 millones en estas vigencias y US$80 millones de manera acumulada equivalentes al 85.7% de los recursos del préstamo. Los restantes US$13.4 millones se justificarán al Banco durante el periodo de cierre del Programa, que transcurre hasta el mes de noviembre de 2026.

La ejecución efectiva del Programa, en términos de pagos efectuados correspondientes a bienes y servicios recibidos de acuerdo con las condiciones establecidas contractualmente, asciende al cierre de agosto de 2026 a $326.852 millones (US$81.4 millones) equivalentes al 90% de los compromisos los cuales ascienden a $361.915 millones (US$93.6 millones).