• El dinero es producto de obligaciones originadas en multas por incidentes de desacato, disciplinarias y penales, cauciones, costas, indemnizaciones o reparaciones de perjuicios, laudos arbitrales y actos administrativos ejecutoriados, pólizas, contratos estatales, entre otros.

• Las multas penales más cuantiosas oscilan entre los 103.000 millones y los 184.000 millones de pesos.

Bogotá D.C., 22 de agosto de 2025. Más de 20.000 millones de pesos en cobro coactivo recaudó el Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de la Dirección Ejecutiva y de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial en 2024, dinero producto de obligaciones originadas en multas por incidentes de desacato, disciplinarias y penales, cauciones, costas, indemnizaciones o reparaciones de perjuicios, laudos arbitrales y actos administrativos ejecutoriados, pólizas, contratos estatales, entre otros.

Las multas penales hacen parte de la cartera ejemplarizante o de difícil recaudo, debido a que los condenados se encuentran privados de la libertad o desempleados, se desconoce su ubicación y domicilio, carecen de bienes y rentas, fueron extraditados o son extranjeros que delinquen en Colombia sin bienes ni datos que permitan ubicarlos para persuadirlos del pago.

Las tres multas penales más cuantiosas registradas son por delitos de secuestro extorsivo, terrorismo, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, extorsión y peculado por apropiación, con montos que oscilan entre los 103.000 millones y los 184.000 millones de pesos.

Las otras carteras son la corriente, con mayores posibilidades de recaudo, que incluye recobro de incapacidades y de licencias, repeticiones, multas por incumplimiento de un contrato, entre otros; y la cartera trasladada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que corresponde a multas por infracción al Estatuto Nacional de Estupefacientes, de la que solo quedan 74 procesos.

Para lograr un mayor recaudo de la cartera se implementan diferentes estrategias como la atención personalizada a los deudores, persuasión de los mismos para que celebren acuerdos de pago con menores tasas de interés, uso de herramientas tecnológicas que facilitan la consulta actualizada de la información y el pago en línea, capacitación a los servidores judiciales que gestionan cartera pública a favor de la entidad y, en muchos casos, embargo masivo de cuentas bancarias de los deudores.

Una parte de los dineros recaudados va al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, con el fin de financiar proyectos de tecnología e infraestructura; otros recursos son depositados en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional de competencia de la Rama Judicial para gastos de funcionamiento.

Durante el primer semestre de 2025 fueron abiertos 6.288 procesos de cobro coactivo por un valor superior a los 137.000 millones de pesos y se lograron recuperar más de 15.000 millones de pesos.