1. Acceso e Infraestructura Física: Ampliar, en todo el territorio nacional, el acceso a una justicia efectiva, pronta, equitativa e incluyente, reduciendo el atraso y la congestión, de acuerdo con las necesidades de la demanda de justicia por jurisdicción y especialidad, y mejorando la articulación con la justicia restaurativa y terapéutica, y otros mecanismos de solución de conflictos y consolidando una infraestructura física óptima para el acceso a la justicia.

2. Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información: Consolidar una justicia integrada y soportada en servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información, con una cultura digital apropiada, segura y sensible a las realidades del territorio nacional.

3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas: Aumentar la confianza pública en la justicia a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, incluyendo la información de justicia y la producción, gestión y acceso a las fuentes de derecho, el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SIGCMA) y el mejoramiento de la calidad y publicidad de la información.

4. Talento Humano: Fortalecer el talento humano en la Rama Judicial para que sea eficiente, capacitado y realice su labor en ambientes saludables y seguros. Ampliar la cobertura de la carrera judicial y mejorar la oferta de formación, que esté disponible para todos los servidores judiciales e impacte positivamente el servicio de justicia y responda a las necesidades reales del ejercicio de la función judicial.

1. Ampliar el acceso a justicia para atender las necesidades jurídicas de los ciudadanos con un enfoque diferencial, de una manera pronta, reduciendo las inequidades y las brechas territoriales de acceso.

3. Fortalecer las capacidades institucionales, adecuar el modelo operativo y de servicio, bajo un enfoque de Arquitectura Empresarial y de fortalecimiento del acceso a la justicia.

4. Consolidar la cultura y apropiación de la transformación digital en los servidores y usuarios de los servicios de la Rama Judicial y reducir brechas de acceso y conocimiento, incluyendo la oferta efectiva de información sobre el uso de las nuevas herramientas virtuales implementadas en las diferentes jurisdicciones, con especial énfasis en las zonas del país donde es evidente la brecha digital.

7. Continuar la consolidación del SIGCMA, a través de los procesos de formación en modelos de gestión, logrando la implementación y ampliación de este en los esquemas certificados de manera gradual, teniendo en cuenta las capacidades de los diferentes despachos judiciales y dependencias de la Rama Judicial y articulando el enfoque de Arquitectura Empresarial para el desarrollo del PETD a través de la gestión del conocimiento para la gestión del cambio propendiendo por una cultura de la calidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la anticorrupción y el antisoborno.

1. Ampliar la cobertura de la carrera judicial optimizando los procesos de los concursos de méritos y propender por mitigar su litigiosidad.

2. Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles.

6. Proteger, preservar y administrar los activos de información implementando acciones para gestionar de forma adecuada los incidentes, proteger los datos personales y adoptar mecanismos de ciberseguridad y aseguramiento de la continuidad del negocio.

1. Gestionar el desarrollo de las competencias, la toma de conciencia, la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, contratistas, practicantes y judicantes de contribuir a generar valor público en la administración de justicia, en el marco de cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético.

4. Hacer un uso racional de los recursos naturales aplicando los principios y fases de la Economía Circular, para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales.

1. Gestionar el desarrollo de las competencias, la toma de conciencia, la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, contratistas, practicantes y judicantes de contribuir a generar valor público en la administración de justicia, en el marco de cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético.