Colombia desde el poder legislativo, definió un marco legal en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, con disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reformar la articulación y coordinación de las entidades del Estado, promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público; sin embargo, la corrupción continúa como un problema predominante con resultados insuficientes. Para ampliar información sobre el Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano Para La Administración De Justicia 2024 -2025 (Descargar Aquí)
ACUERDO PCSJA24-12145: "Por medio del cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la Administración de Justicia 2024-2025" (Descargar Aquí)
LEY DE TRANSPARENCIA: La Ley 1712 de 2014 en Colombia es la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. Su objetivo principal es garantizar que todas las personas puedan conocer la información que manejan las entidades del Estado y aquellas privadas que cumplen funciones públicas. Desde el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda damos cumplmiento a esta normativa teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Principio de máxima publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública, salvo las excepciones estrictas de reserva establecidas por la ley (como datos personales o seguridad nacional), por esa razón nuestros actos administrativos que no tienen información reservada son publicados de manera permanente en la sección de actos administrativos de este Micrositio Web.
Transparencia pasiva: Es la obligación de responder a las solicitudes de información ciudadanas de manera oportuna, gratuita y sin exigir que se justifiquen los motivos. (Respondemos de manera oportuna a todas las solicitudes que ingresan a nuestra corporación presencialmente o a través de nuestro canal oficial: secsaladris@cendoj.ramajudicial.gov.co).
Sujetos obligados: Aplica a ministerios, alcaldías, gobernaciones, partidos políticos, empresas públicas y cualquier particular que maneje recursos del Estado.