Bogotá D.C., 23 de octubre de 2026. (@Judicaturacsj). El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA26-12602, mediante el cual actualiza el régimen de auxiliares de la justicia y fija nuevas disposiciones para la conformación, administración, actualización y control de las listas oficiales, así como para su designación y remuneración.
La Corporación adoptó la decisión con el propósito de fortalecer la transparencia, trazabilidad, eficiencia y coordinación institucional en los procedimientos relacionados con la conformación de las listas de los auxiliares de la justicia.
El Acuerdo establece el uso obligatorio de un aplicativo web dispuesto por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia para gestionar las convocatorias, conformar y actualizar las listas, tramitar las designaciones y registrar las novedades que correspondan.
También se incluyó que las convocatorias públicas para conformar las listas se realizarán cada cuatro años durante el mes de octubre. La inscripción de los aspirantes se llevará a cabo entre el 1 y el 30 de noviembre del año correspondiente.
No obstante, se aclaró que la convocatoria de este año 2026 estará a cargo de las direcciones seccionales y coordinaciones administrativas, y las listas de esta convocatoria tendrán vigencia de dos años. Una vez finalice su vigencia, la competencia pasará a los consejos seccionales de la judicatura.
La Corporación busca promover la participación en condiciones de igualdad y no discriminación de mujeres, personas con discapacidad, comunidades étnicas, pueblos indígenas, población afrocolombiana, raizal, palenquera y ROM, personas con identidad de género diversa y otros grupos poblacionales.
Adicionalmente, se reguló la conformación de listas para seis cargos: secuestres, partidores, traductores, intérpretes, liquidadores, síndicos y administradores de bienes.
Igualmente, se fijaron requisitos relacionados con competencias lingüísticas de traductores e intérpretes, incluidas lenguas nativas y lengua de señas, para contribuir a la eliminación de barreras de comunicación en el acceso a la administración de justicia.